Aunque parezca una obviedad el titular, si pensamos en él es posible que nos surjan algunas dudas sobre su certeza. En la actualidad, aunque el índice de bancarización y de inclusión financiera sea dispar en función del país y su economía, podemos decir que el porcentaje de personas que tienen una cuenta en una entidad financiera es alto, al menos en el ámbito comunitario, debido a que su titularidad es casi obligatoria para poder realizar muchas operaciones de intercambio de dinero, empezando por el cobro de una nómina o del pago de clientes (fuente principal de ingresos de cualquier familia), dependiendo de si se trabaja por cuenta ajena o propia.

Nuestra vida cotidiana está salpicada por multitud de pequeñas transacciones económicas que requieren de la existencia de un banco que nos facilite su gestión, a la par que nos garantice que todos esos movimientos de dinero están normalizados, securizados y homologados para todas las partes que intervienen. El sistema, desde la opción más básica de ahorrar dinero hasta invertir en el más complejo producto financiero, se ha ido perfeccionando con el tiempo para que todos los actores respeten las mismas reglas de juego, y se ha dotado de mecanismos regulatorios y legislativos para garantizar que el dinero de los clientes pueda ser devuelto sin problemas en caso de ser reclamado.

Bueno, esto debería ser así pero ya hemos visto casos en los que los estados no han podido evitar la quiebra de algunas entidades, no han sabido minimizar las pérdidas sufridas por pequeños ahorradores e inversores, o han tenido que inyectar dinero público para evitar desastres mayores. En definitiva, tener una cuenta en la que recibir los ingresos del trabajo diario, domiciliar los pagos domésticos, atreverse a hacer algunas inversiones o intentar tener unos ahorros es algo tan común que no reparamos en que lo que realmente estamos haciendo es delegar la propiedad del dinero en una compañía que, a cambio de nada (remuneración por depósito), juega con él en otras operaciones de inversión y financiación a terceros que le proporcionan fructíferos beneficios. Sin embargo, si es usted el que necesita más dinero del que tiene depositado, sí que tiene que devolverlo con unos intereses elevados. Y, llegado el caso de quiebra (del banco o del sistema económico del país), rece porque el fondo de garantía de depósitos cubra su saldo hasta lo legalmente establecido. Hasta aquí, no les estoy descubriendo nada.

Ahora imagine que pudiera tener un cajón virtual, un espacio digital en el que ir guardando y extrayendo su dinero según sus necesidades: gastos corrientes, darse un capricho, cumplir con sus obligaciones fiscales o prestar una parte a un amigo. Imagine que ese cajón es como el que manejaba su abuela, donde hacía apartados pequeños para organizar la economía doméstica, guardar en momentos de exceso y disponer en situaciones de “falta”. Imagine que usted es el dueño de ese espacio, el titular indelegable de lo mucho o poco que pudiera haber. El responsable último de lo que en él suceda. Y además imagine que es un cajón inaccesible a manos extrañas, un pequeño compartimento al que sólo puede asomarse quien usted autorice, por voluntad o por imperativo legal. Solo para observar. No para extraer todo o parte para “hacer negocio con él” y luego reponérselo silenciosamente sin su consentimiento y sin dejar una pequeña gratificación por el tiempo del que hizo uso.

No sé a usted, pero a mí me gusta esta idea. Sin intermediarios, sin especuladores con lo ajeno, sin riesgos imprevisibles, sin propietarios por imposición de mi dinero. Quizá sea atrevida la propuesta, pero pensemos en ello.

En el artículo anterior sobre blockchain, les dejé abierta una puerta al cambio de paradigma en la construcción de nuevos modelos de negocio desde una perspectiva en la que la transparencia y la seguridad son los dos pilares que pueden sustentar la revolución de algunas pequeñas grandes cosas, como son la propiedad del dinero y de los datos. Hablamos de algunos sectores y también de cómo dos nuevos reglamentos europeos (PSD2 y RGPD) pueden ayudar a recuperar esa propiedad, aunque aún está por conseguir que sea total.

La tokenización del dinero digital y el sistema blockchain pueden ayudar a conseguir que ese cajón virtual sea una realidad, si concurren tres circunstancias: que los gobiernos sean capaces de reglamentar su propiedad legítima (el fraude quedaría siempre bajo la vigilancia de los reguladores, pero también de miles de ojos observando lo que sucede en su interior, de titularidad anónima para ellos); la segunda, que la banca convencional traspase el espejismo de la digitalización y asuma que su rol no debe ser el de gestor del dinero sino el de proveedor de servicios de calidad y valor añadido; y la tercera que las nuevas empresas tecnológico financieras dejen de replicar los productos y servicios ya conocidos aunque vestidos con “unos y ceros”, y apuesten por impulsar este tipo de soluciones que hagan al usuario el verdadero protagonista.

¿Puedo equivocarme? Pronto veremos quién será el primero en dar este atrevido paso.

tokenización

José Manuel Navarro Llena

@jmnllena