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Los Ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos y prestan servicios que, en determinadas ocasiones, no están obligadas a ello por ley o por su tamaño de población. Pero son las primeras que perciben esa necesidad y las primeras en dar respuesta. ¿Pero sabemos cómo y en qué gastan nuestros ayuntamientos?. Este artículo de prensa nos aclaraba algunos aspectos:
¿A qué destinan su presupuesto los Ayuntamientos? ¿Cuáles son las principales partidas? Casi la mitad del gasto municipal se lo lleva el capítulo denominado «producción de bienes públicos de carácter social»: esto es, sanidad, cultura, educación, saneamiento, transporte, cultura y, sobre todo, las políticas de vivienda y urbanismo. «El urbanismo es la función estrella de los Ayuntamientos«, indica la profesora de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB), Maite Vilalta. Le siguen la cultura, la recogida de basura, la educación, determinadas partidas de bienestar comunitario y el saneamiento y abastecimiento del agua (véase cuadro adjunto).
Vilalta apunta varias cuestiones para entender el gasto de los Ayuntamientos. Una de ellas es que la realidad del municipalismo, tanto en Cataluña (947 Ayuntamientos) como en España, es muy atomizada, con municipios muy pequeños y poco peso de las entidades supramunicipales. Esto complica sus números. Incluso la Carta Municipal Europea alerta de que el tamaño de los municipios españoles es demasiado pequeño, «con el 85% por debajo de los 5.000 habitantes», recuerda la experta.
A la atomización debe sumarse, dice Vilalta, el constante goteo de nuevas leyes del Estado o las Autonomías que cargan de nuevas responsabilidades a los Ayuntamientos, y el hecho de que estos destinan el 26,8% de su presupuesto a gastos no obligatorios, aunque en algunos casos no están legalmente obligados a ello. Claro ejemplo es el de las guarderías, asumidas en Cataluña por los Ayuntamientos pese a ser una etapa escolar no obligatoria.
El concejal de Tortosa y también profesor de Haciendas Locales de la Universidad de Barcelona (UB), Ferran Bel, señala otro ejemplo de gasto no obligatorio pero obligado: el transporte público en municipios como el suyo, que está lejos de los 500.000 habitantes que fija la ley. «Nos cuesta 250.000 euros al año y es una competencia impropia, ¿pero alguien se imagina que no los gastáramos?», inquiere. «Los Ayuntamientos somos la Administración más próxima, la que capta las demandas ciudadanas y aunque la ley diga que no nos tocan según qué cosas es impensable que hoy, en el siglo XXI, una ciudad como Tortosa no tenga transporte público.
Pérez reconoce que «947 Ayuntamientos son insostenibles y habría que incentivar la mancomunación de servicios». Por ejemplo, en los consejos comarcales: «A veces tienen un papel más político y obstaculizador que de colaboración con los Ayuntamientos, las comarcas son o demasiado grandes o demasiado pequeñas», afirma y celebra iniciativas «de agregación entre municipios en servicios básicos». Es el caso del Consorcio por la Gestión Integral del Agua de Cataluña, que cuenta con 600.000 clientes de 220 municipios, entre los que figuran desde Mataró hasta Manresa pasando por Vilafranca, Vilanova y Reus.
Ante la avalancha de facturas -que además es paralela a la caída de ingresos, pero ese es otro capítulo- a los alcaldes no les queda otra que poner la imaginación al poder. Pérez apuesta por optimizar la gestión incorporando criterios de gestión empresarial a la Administración, por «fortalecer lo público» y exprimir nuevas vías, como «la explotación del patrimonio». Una posibilidad, dice, es que «los Ayuntamientos no se vendan el 10% de los aprovechamientos urbanísticos, los pongan a disposición de un tercero y que este pague una renta».
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En otro comentario en la línea de éste ya manifesté que sería un error eliminar (o agrupar) los municipios más pequeños. La agrupación no debe hacerse siguiendo criterios de tamaño, sino de proximidad y relación entre sí. Si quitamos los pequeños ayuntamientos de las zonas más remotas éstas se irán despoblando progresivamente hasta desaparecer, con las consiguientes repercusiones para el medio ambiente del lugar, de las ciudades receptoras, etc. Por tanto, una posible solución está en fusionar (si es que hay que hacerlo) las poblaciones que constituyen áreas conurbanas, en las que la gestión unitaria sería no sólo rentable sino incluso beneficiosa. Por poner un ejemplo: Creo que sería más interesante fusionar a Granada Capital un pueblo de su área metropolitana, como Armilla o Maracena, que fusionar varios pueblos de La Alpujarra; en el primer caso ganariamos planificación unitaria y en el segundo perderiamos población residente, que es la que al fin y al cabo mantiene el pueblo y su entorno integrado en el medio. Si quitamos los pequeños pueblos de lugares recónditos al final habrá que subvencionar a su población para que se quede allí y entonces el coste será mayor.
No estoy de acuerdo con tu razonamiento, Juan. Creo que son dos cuestiones que para nada tienen reclación, y desde luego no se porque una debe ser previa a la otra… Pienso que es perfectamente lógico unificar diversas cuestiones en el mundo rural con el mantenimiento de cierta autonomía local, y por supuesto de su población, y no veo porqué no pueda haber municipios que sean el resultado de la agrupación de aquellos que guarden una coherencia territorial y cuyas poblaciones sumadas les permitan una gestión mas eficiente y racional. En Granada, en el caso de Arenas del Rey, suma de Arenas, Fornes y Jatar hace un par de décadas no veo ningún paso atrás sino todo lo contrario.
Y respecto al caso de las metrópolis de hecho, como ocurre en Granada, Málaga, Sevilla… Podríamos aprender algo de algunos países de Latinoamérica en los que existen los municipios metropolitanos que asumen ciertas competencias, pero que conviven con los municipios distritales que asumen otras…
Comparto bastante de lo expresado por el autor del artículo.
Yo pienso que sería necesario, principalmente, una mayor trasparencia por parte de los ayuntamientos, que de verdad supiéramos en qué gastan el dinero y cómo lo gestionan, posiblemente esto sea una verdadera utopía. Junto a esto me parece fundamental también la participación ciudadana, tendríamos una ciudad más controlada y verdaderamente adaptada a las necesidades de los ciudadanos que somos los que la habitamos.
En cuanto a la posible agrupación de municipios, creo que una de las claves no sería la distancia espacial entre éstos sino las relaciones espacio-temporales, es decir, la pertenencia a una red. Esto puede hacer que dos municipios que no se encuentren cerca entre ellos, al pertenecer a una misma red, su relación se haga más estrecha, pues tardarían menos tiempo en relacionarse con ese municipio que con otro espacialmente más próximo. Por tanto, entre localidades de una misma red se podría facilitar la agrupación.
Cada vez que un problema nos sacude, por extraño que sea, nos empeñamos en cambiar nuestros sistemas por otros que ni siquiera sabemos cómo funcionarán. La autonomía local es algo más que una opción económica; lo que ocurre es que hay cuestiones de sentido común que sí tienen que ver con la economía, con la necesidad de optimizar recursos,abaratar servicios y elevar su calidad; consenso, diálogo, encuentro, urbanidad y convivencia, una vez más pueden ser muchísimo más útiles que volver a redefinir la dimensión óptima de la unidad mínima territorial con capacidad de decisión…y respecto a la forma de gastar de los ayuntamientos, no estaría mas recordarles el maravilloso precepto del artículo 9,3 de la Constitución en aquéllo que decía: la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, poesía en estado puro. M. Isabel, me encanta encontrarte por aquí.