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Los Ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos y prestan servicios que, en determinadas ocasiones, no están obligadas a ello por ley o por su tamaño de población. Pero son las primeras que perciben esa necesidad y las primeras en dar respuesta. ¿Pero sabemos cómo y en qué gastan nuestros ayuntamientos?. Este artículo de prensa nos aclaraba algunos aspectos:
¿A qué destinan su presupuesto los Ayuntamientos? ¿Cuáles son las principales partidas? Casi la mitad del gasto municipal se lo lleva el capítulo denominado «producción de bienes públicos de carácter social»: esto es, sanidad, cultura, educación, saneamiento, transporte, cultura y, sobre todo, las políticas de vivienda y urbanismo. «El urbanismo es la función estrella de los Ayuntamientos«, indica la profesora de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB), Maite Vilalta. Le siguen la cultura, la recogida de basura, la educación, determinadas partidas de bienestar comunitario y el saneamiento y abastecimiento del agua (véase cuadro adjunto).
Vilalta apunta varias cuestiones para entender el gasto de los Ayuntamientos. Una de ellas es que la realidad del municipalismo, tanto en Cataluña (947 Ayuntamientos) como en España, es muy atomizada, con municipios muy pequeños y poco peso de las entidades supramunicipales. Esto complica sus números. Incluso la Carta Municipal Europea alerta de que el tamaño de los municipios españoles es demasiado pequeño, «con el 85% por debajo de los 5.000 habitantes», recuerda la experta.
A la atomización debe sumarse, dice Vilalta, el constante goteo de nuevas leyes del Estado o las Autonomías que cargan de nuevas responsabilidades a los Ayuntamientos, y el hecho de que estos destinan el 26,8% de su presupuesto a gastos no obligatorios, aunque en algunos casos no están legalmente obligados a ello. Claro ejemplo es el de las guarderías, asumidas en Cataluña por los Ayuntamientos pese a ser una etapa escolar no obligatoria.
El concejal de Tortosa y también profesor de Haciendas Locales de la Universidad de Barcelona (UB), Ferran Bel, señala otro ejemplo de gasto no obligatorio pero obligado: el transporte público en municipios como el suyo, que está lejos de los 500.000 habitantes que fija la ley. «Nos cuesta 250.000 euros al año y es una competencia impropia, ¿pero alguien se imagina que no los gastáramos?», inquiere. «Los Ayuntamientos somos la Administración más próxima, la que capta las demandas ciudadanas y aunque la ley diga que no nos tocan según qué cosas es impensable que hoy, en el siglo XXI, una ciudad como Tortosa no tenga transporte público.
Pérez reconoce que «947 Ayuntamientos son insostenibles y habría que incentivar la mancomunación de servicios». Por ejemplo, en los consejos comarcales: «A veces tienen un papel más político y obstaculizador que de colaboración con los Ayuntamientos, las comarcas son o demasiado grandes o demasiado pequeñas», afirma y celebra iniciativas «de agregación entre municipios en servicios básicos». Es el caso del Consorcio por la Gestión Integral del Agua de Cataluña, que cuenta con 600.000 clientes de 220 municipios, entre los que figuran desde Mataró hasta Manresa pasando por Vilafranca, Vilanova y Reus.
Ante la avalancha de facturas -que además es paralela a la caída de ingresos, pero ese es otro capítulo- a los alcaldes no les queda otra que poner la imaginación al poder. Pérez apuesta por optimizar la gestión incorporando criterios de gestión empresarial a la Administración, por «fortalecer lo público» y exprimir nuevas vías, como «la explotación del patrimonio». Una posibilidad, dice, es que «los Ayuntamientos no se vendan el 10% de los aprovechamientos urbanísticos, los pongan a disposición de un tercero y que este pague una renta».
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