Estoy feliz porque en mi entorno de trabajo la normalidad va volviendo por sus fueros y, aunque sea poco a poco, estamos recuperando los mejores hábitos. Y, como si estuviese leyendo tus pensamientos, sé que te estarás preguntando:…
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Hoy me dirijo a todos mis “colegas” del mundo de la construcción en sentido amplio: fontaneros, electricistas, ingenieros, empresas constructoras, técnicos en prevención de riesgos laborales, servicios técnicos municipales, alcaldes, consultores de cualquier especialidad, promotores, cooperativa…, y claro, cómo no, arquitectos y arquitectos técnicos …
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Estupendo este artículo de opinión que hemos encontrado en la prensa, sobre un tema de gran actualidad y desde la visión técnica del proceso: Las perversiones del sistema de contratación y ejecución de obra pública a través de la actual Ley de Contratos, con la inestimable colaboración de los agentes implicados:
LOS ARQUITECTOS DENUNCIAMOS
Los arquitectos llevamos años denunciando el sistema de contratación de obras contemplado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este sistema perverso nos pone ahora en el punto de mira de medios nacionales e internacionales.
Pocos pueden opinar con rigor y criterio sobre qué hay detrás del tema de Panamá y de muchos otros. Desconocemos la letra pequeña y lo que subyace en la trastienda de las grandes contrataciones y proyectos. Pero no nos cabe duda de que se manejan multitud de factores, algunos oscuros, y en la mayoría de los casos (cuando las cosas se tuercen) todos los españoles acabamos pagando los platos rotos. No participamos en las decisiones, pero a la postre todos somos responsables solidarios y nos toca hacer frente a los incrementos de coste y la dilación en plazos.
Voy a centrar esta reflexión en las obras de arquitectura de la Administración y concretamente en el porqué del incremento de costes.
Según la Ley de Contratos, cuando se convoca un concurso de arquitectura se valoran fundamentalmente dos cuestiones. Los aspectos técnicos y la oferta económica de honorarios. Sucede que, casi siempre, el aspecto económico tiene mucho mayor peso que la calidad del proyecto. Como si se tratara de comprar taburetes, cosa absurda cuando los honorarios del arquitecto no llegan al 1% del valor del edificio. Las intervenciones de las Administraciones (nacional, autonómica y local) quieren el mejor precio, aunque no sea la mejor solución ni el mejor proyecto. Una cifra es un criterio objetivo lícito, pero miope y cortoplacista porque los ciudadanos merecemos que se valore la calidad de la propuesta. Las obras trascienden a quienes en ella intervinieron. Como dijo Octavio Paz, “la Arquitectura es el testigo más insobornable de la Historia”.
Una vez contratado el proyecto se licita la obra. Otra vez entramos en un sistema de adjudicación perverso cuyas consecuencias son más graves para la sociedad. Cuando el arquitecto redacta un proyecto sabe lo que cuesta construirlo, valoramos las partidas a ejecutar y redactamos un presupuesto. Adjudicar una obra a una oferta que está por debajo, o muy por debajo, del presupuesto implica un problema seguro. Todos los agentes que intervenimos en el proceso lo sabemos. Es un juego que se ha convertido en práctica habitual y ya es hora de que se denuncie alto y claro por la sociedad y forcemos a los legisladores a tomar medidas que frenen estos abusos.
Antes existía el criterio de adjudicación a la media ponderada de las ofertas y no se adjudicaba a la baja temeraria por los evidentes riesgos que ello conlleva. Actualmente se acepta la baja temeraria siempre que vaya justificada y, sorprendentemente, se justifican increíblemente bien.
Con la crisis se acentúa la necesidad de adjudicación de muchas empresas y llegan a presentar unas bajas inadmisibles, hasta del 50%, sin estudiar la obra en profundidad sabiendo que prima la oferta económica. Tanto adjudicador como adjudicatario saben desde el principio que es imposible realizar la obra en el precio contratado, pero confían en “arreglarlo” después a base de modificados.
No digo que no haya imprevistos razonables en muchas obras. Los estudios geotécnicos, por ejemplo, pueden ser erróneos, no por defectuosos, sino porque se hacen con tanteos extrapolados a toda la superficie de la obra. Pero una cosa son los modificados presupuestarios originados por un imprevisto justificado y otra la práctica habitual de “hagamos la gran baja que ya compensaremos presionando con los modificados”.
Entonces se empieza una obra que para los técnicos responsables de la dirección facultativa es a menudo un calvario. Si el proyecto está bien redactado el arquitecto tiene dos opciones: ser inflexible con lo establecido para paralizar la obra cuando tiene pérdidas, y la abandona, o ser flexible para poder llevarla a buen fin.
Paralizar una obra supone un gran trastorno. Liquidar lo realizado y volver a sacar a concurso lo restante, exponiéndose a otra adjudicación a la baja (las herramientas de contratación son las mismas). ¿Quién sufre los plazos? Los ciudadanos.
Para llevar a buen puerto la obra con el menor daño posible el arquitecto busca soluciones más económicas a costa de grandes enfrentamientos con la contrata y con el cliente. Hace de mediador en un conflicto que todos veían venir. A esto se le añade otro problema frecuente y es que, si cambian los políticos que encargaron la obra, se cambia el proyecto con lo que los modificados están garantizados. Ya tenemos la excusa para recuperar las pérdidas derivadas de la contratación a la baja. ¿Quién lo paga? Otra vez los ciudadanos, los contribuyentes.
¿Qué consecuencias tiene este sistema perverso de contratación? Que no interesa el trabajo bien hecho, el proyecto riguroso o la dirección de obra responsable porque no dejan margen para fullerías. Se está favoreciendo la mediocridad y el ejercicio profesional imperfecto porque a peor proyecto, mayores modificados, mayores beneficios por la puerta de atrás, mayor número de amigos satisfechos, mayores comisiones y en definitiva mayores lucros para unos pocos en contra del bien de la mayoría de los españoles.
Así ni se hace marca España ni seremos nunca un país serio.
Paloma Sobrini fue decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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El miércoles 27 de febrero tendrá lugar la presentación del libro “Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica”. Ensayos. Esta publicación está editada por la Consejería de Cultura y Deporte, a través del Patronato de la Alhambra y Generalife y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
La presentación se celebrará en el salón de actos del Colegio de Arquitectos de Granada a las 19.00 horas. Os invitamos a acudir a este acto asi como desde La Ciudad Comprometida felicitamos al Patronato por su encomiable labor en la difusión y puesta en valor del gran patrimonio que atesora la Alhambra.
Torres Balbás es considerado el responsable de la imagen moderna que tenemos en la actualidad de la Alhambra, que forjó mientras ostentó el cargo de Arquitecto-Conservador del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, entre 1923 y 1936.
Compartimos en siguiente video, donde de manera resumida, se muestra el desmontaje, restauración, exposición y por último el regreso a su ubicación natural de los Leones del Patio al que dan nombre.
Iniciamos aquí una reflexión a raíz del artículo publicado en la prensa digital titulado “Las víctimas del ‘efecto Guggenheim’”, acerca del efecto negativo de la necesidad imperiosa de numerosas ciudades de querer implantar edificios firmados por arquitectos de renombre con la intención de crear un efecto llamada y colocar dichas poblaciones en los primeros planos de las escena mediática.
“Cuando el 25 de septiembre de 2006 el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, se fotografió en el balcón del Ayuntamiento con los arquitectos Norman Foster, Jean Nouvel, Arata Isozaki y Guillermo Vázquez Consuegra, no sospechaba que aquella imagen iba a convertirse en un icono de la cara mala del llamado efecto Guggenheim: tras el éxito del museo diseñado por Frank Gehry en Bilbao, todas las ciudades aspiraban a tener su edificio estrella.”
Sin embargo, no es lo mismo un edificio estrella que un edificio firmado por un arquitecto estrella. Evidentemente se trata de una operación de marketing que trasciende la calidad de las propuestas. No seré yo quien ponga en duda la calidad de sus trayectorias ni la enorme creatividad de sus proyectos, pero no comparto la idea de sustituir los concursos de arquitectura por “castings”. Algo no funciona cuando las ciudades, en vez de querer tener unos buenosedificios capaces de cumplir con su función, lo que quieren tener es un “Ghery”, un “Hadid” o un “Calatrava”. En ese momento, el nombre del autor sobrepasa la calidad del edificio para convertirse en una mera marca comercial. Casi me atrevería a decir que el edificio no importa. Estaremos de acuerdo en que dichas operaciones de marketing ayudan a reactivar la economía, el turismo, etc… pero, ¿sólo se consigue con arquitectos del “StarSystem”? ¿Y si estos objetivos se consiguieran, además, con buena arquitectura?
Recordemos aquí la noticia aparecida en el diario Ideal de Granada el pasado 23 de marzo de 2007 donde se relata que “Arquitectos de gran prestigio diseñarán cinco edificios de VPO para Emuvyssa” con el fin de “por dotar a la ciudad de diseños que sean referentes en el mundo de la arquitectura”.
“Julián Sobrino, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de Sevilla llama a retomar “el discurso de la arquitectura de Andalucía de los años 70 y 80”. “Entonces se pensaba en atender todas las necesidades de las ciudades, los asuntos cotidianos, las VPO, los colegios públicos, los centros de salud”. “Hay que retomar la dimensión utópica y aparcar la mediática”,sostiene Sobrino.
“Hubo una confluencia de intereses entre los promotores inmobiliarios, algunos arquitectos y los partidos políticos. Pensaron que al pueblo se le podía ofrecer una estrella y que seguiría su halo”.
“El problema de muchos de estos proyectos nace, según la arquitecta Elisa Valero, profesora de la Universidad de Granada, de una mala concepción de lo que en su opinión debe ser la ciudad. “No puede ser una suma de objetos a cual más original, tiene que establecer las relaciones más adecuadas posibles con el ciudadano”
Valero cree que su forma de entender la profesión (“servir para solucionar problemas y estar al servicio del hombre”) no es compatible con la arquitectura del “exhibicionismo de estrellas”. “La buena arquitectura da igual de dónde venga”
Ambos arquitectos coinciden en señalar la necesidad de recuperar un lema que, según el profesor de la Universidad de Sevilla, se empleó en una bienal de arquitectura de Venecia: “Más ética y menos estética”.
Y es que muchas veces pecamos de superficialidad. Nos quedamos con un nombre, una imagen, una marca. Nos quedamos con la forma y obviamos el fondo. Deberíamos dedicar más tiempo en elegir las propuestas más adecuadas que en relaciones públicas y fotos promocionales. Porque muchas veces le damos mayor importancia a la imagen que damos al exterior que a la calidad de vida de los propios ciudadanos, que al fin y al cabo son los que deberían disfrutar el día a día de estos edificios. La arquitectura, no lo olvidemos, está llamada a formar parte de las ciudades, no de catálogos o revistas.
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Jose Miguel de la Torre Sarmiento, arquitecto de GRarquitectos
