NI GENTE SIN CASA…

“Notiticas y actualidad”

Hemos encontrado en el blog “Paisaje Transversal” una recopilación a modo de reseñas legislativas acerca de cómo se trata legalmente el tan actual tema de las viviendas vacias, tras el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda  aprobado por la Junta de Andalucía. El articulo, titulado “El tratamiento de la vivienda vacía en los países más avanzados de la UE“, nos habla sobre el caso de Los Paises Bajos, Suecia, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania

Pintada en el pavimento. Fuente: hordago.org
Pintada en el pavimento. Fuente: hordago.org

Si tuviera que señalar dos grandes diferencias estructurales, diría que, en muchos países de la UE, la vivienda vacía se considera una patología urbana, económica, social y medioambiental. Partiendo de este principio, el derecho de propiedad es modulado en función del interés general. La vivienda vacía, en tanto que externalidad colectiva, implica una acción estatal que tiende a evitar que este fenómeno se produzca, a través de dos grandes tipos de medidas: 1) el fomento público de su rehabilitación, alquiler o venta; y 2) la penalización de la permanencia voluntaria en desuso. Frente a esta situación, buena parte de la población española no considera que la vivienda vacía sea un problema, y entiende que la propiedad privada —«sacrosanta»— faculta a los titulares de vivienda para hacer con ella lo que les venga en gana; este es, prácticamente, el uso y abuso del derecho romano de hace dos milenios.

Estas diferencias en materia de vivienda vacía entre buena parte de la UE y España son más materiales o prácticas que formales o jurídicas, pues nuestro país se adscribe a la ortodoxia del Estado social y democrático de derecho. Así, nuestra Constitución establece que toda propiedad está orientada a su función social (que deberá ser concretada por las leyes); toda la riqueza nacional, con independencia de su clase, está orientada hacia el interés general; y el sector público está habilitado para intervenir en la economía. Proclamaciones de este tipo son habituales en las constituciones y leyes de otros Estados de la UE. En su caso, no obstante, han ido seguidas de prácticas administrativas de fomento de la movilización de la vivienda vacía y penalización de la resistencia a esta. En el caso de España, el mandato constitucional solo ha producido tímidos y muy polémicos despliegues en Euskadi y Cataluña a finales de la pasada década, y ahora en toda España con motivo de las okupaciones promovidas por el movimiento 15M.

Antes de repasar lo que se ha hecho, propuesto y no hecho en España en lo que se refiere a la vivienda vacía, creo que puede ser de interés repasar las medidas habituales concretas de la UE. Saber en qué marco nos movemos debe ayudar a encauzar nuestro propio debate. Sin ánimo de ser exhaustivos, apunto algunas medidas presentes en la UE desde hace décadas.

Vivienda vacia. Fuente: territoriosostenible2011
Vivienda vacia. Fuente: territoriosostenible2011

PAÍSES BAJOS 

· La ocupación de viviendas vacías desde hace más de un año ha sido tradicionalmente legal. La vivienda solo se le devuelve al propietario si demuestra que esta no volverá a estar vacía (puede ponerla en venta o alquiler). Dado que si no se alquila la vivienda hay riesgo de okupación y de no poder expulsar al okupa, lo habitual es que las viviendas no estén vacías, sino alquiladas. Cuando se produce una okupación, la propiedad suele llegar a un acuerdo arrendaticio con los propios okupas. Esta medida no está exenta de polémica: en los últimos años, los Gobiernos de centro‑derecha estatales han abogado por su derogación, y las asociaciones de alcaldes y municipios por su mantenimiento.

· Como en casi toda la UE, hay importantes subsidios públicos para que personas o familias hagan frente a sus gastos mensuales de alquiler (privado o público).

· Además, son numerosos los programas de ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas destinada a su posterior puesta en alquiler. 

DINAMARCA

· Desde mediados del siglo pasado hasta hoy, en los municipios de mayor tamaño se imponen multas a los propietarios de viviendas que las mantengan vacías más de seis semanas. 

· De hecho, la multa se puede imponer simplemente por no informar al Ayuntamiento de que la vivienda lleva más de seis semanas vacía. 

 SUECIA 

 · La existencia de viviendas vacías en su término municipal implica un aumento de gasto para los ayuntamientos, dado que cada vivienda privada vacía incrementa el precio oficial de los alquileres de vivienda protegida; como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales (los ayuntamientos pagan la diferencia entre el precio oficial y el social abonado por el inquilino), el aumento de viviendas privadas vacías implica un mayor gasto en alquiler público para los ayuntamientos.

· Para evitar lo anterior, los ayuntamientos ofertan viviendas en alquiler más baratas (propia pública o concertada privada); así, reducen el número de viviendas vacías y sus costes presupuestarios. 

 · Como medida extrema, demuelen las viviendas vacías cuando son edificios enteros. 

 FRANCIA

· Medidas públicas para favorecer el alquiler de las viviendas vacantes: 1) subvenciones y desgravaciones fiscales para los propietarios privados de vivienda vacía que la rehabiliten y pongan posteriormente en alquiler; 2) alquiler obligatorio por parte de los HLM (Habitation à Loyer Modéré, gestores sin ánimo de lucro de vivienda social en alquiler concertados con las Administraciones Públicas) de las viviendas vacantes, con garantías para los propietarios privados de cobro de los alquileres (no íntegros).

 · Canon sobre viviendas vacías en las ciudades de más de 200 000 habitantes en las que la tasa de viviendas vacías sea superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de alquiler. En estas condiciones, la tasa es del 10 % del valor catastral de la vivienda el primer año, el 12,5 % el segundo y 15 % el tercero y posteriores. El dinero recaudado se destina a un instituto público que rehabilita vivienda. 

 · Requisa gubernamental de viviendas que lleven más de 18 meses vacías y cuyos propietarios —solo personas jurídicas— no hayan puesto medios para alquilarlas en municipios en los que haya necesidad de vivienda en alquiler de precios moderados. La requisa podrá llegar a los 12 años. Estas viviendas las gestiona en alquiler un HLM. El propietario requisado recibe una compensación por metro cuadrado, de la que se restan los gastos de rehabilitación, gestión del alquiler, etc. 

 REINO UNIDO 

 · La Empty Homes Agency (Agencia estatal de la vivienda vacía) trata de animar a los ayuntamientos a reducir el número de viviendas vacías, y media entre estos y los propietarios privados de viviendas. Además de tratar de aprovechar el parque inmobiliario existente frenando el número de viviendas vacías, procura que ningún barrio caiga en la categoría de barrio marginal (unpopular neighbourhood). 

 · Incentivos fiscales para los propietarios privados por la compra y rehabilitación de las viviendas vacías. 

 · Presupuesto público dedicado a comprar viviendas privadas vacías para ponerlas en alquiler social. 

 · Penalizaciones impuestas por las autoridades locales a los propietarios que mantengan voluntariamente vacías sus viviendas. En relación con lo anterior, las autoridades locales deben publicar anualmente información sobre el número de viviendas privadas vacías.

 · Alquiler o venta forzosa de viviendas privadas vacías. Los ayuntamientos pueden forzar el alquiler o la venta de una vivienda que lleve más de seis meses vacía, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica. En la última lista a la que tuve acceso, la medida era susceptible de ser aplicada a unas 600 000 viviendas en Inglaterra. 

 ALEMANIA 

 · Los propietarios pueden verse obligados a realizar trabajos de rehabilitación; en caso de incumplimiento, caben las multas, la administración sustitutiva de la vivienda por la Administración (alquiler forzoso) e incluso la expropiación. 

 · En municipios con más del 10 % de viviendas vacías, la Administración procede a demoler las viviendas vacías que no se pueden alquilar, siempre que lo que esté vacío y no sea alquilable sea un edificio entero. 

 Como se puede comprobar, están generalizadas las ayudas públicas para el pago del alquiler y las subvenciones a la rehabilitación de viviendas vacías que posteriormente se destinan al alquiler. De la misma manera, en la UE están a la orden del día las sanciones, las multas coercitivas, las administraciones sustitutivas públicas, las requisas, los alquileres y ventas forzosos, las expropiaciones, las legalizaciones de la okupación y las demoliciones. ¿En todos estos países las autoridades públicas atacan desde hace décadas a la propiedad desde postulados dictatoriales o populistas? ¿O acaso lo que ocurre en estos países —que, por cierto, representan los más desarrollados del mundo y algunas de las democracias pioneras del planeta— es que a veces a la propiedad privada no se le permiten hacer cosas que dañan al bien común y al interés general? 

 Por cierto —y no por casualidad—, en la mayor parte de estos países europeos es mucho más fácil para el hombre de a pie acceder a una vivienda de mercado, tanto en alquiler como en compra. Además, todos ellos tienen fuertes parques de alquiler (público en gran medida), un consumo de suelo mucho menor, una utilización de las técnicas de reutilización de los elementos urbanos mucho mayor y un complejo inmobiliario‑financiero mucho menos poderoso que el nuestro; por esto último, su empleo y su PIB dependen en menor medida del ladrillo que los de España, y su financiación e inversión se enfocan en mayor medida hacia otras actividades con mayor valor añadido y menores externalidades. 

 A pesar de todo lo anterior, los países económica y socialmente líderes en la UE no tienen completamente resueltos los problemas residenciales de su población. La constatación de las siderales diferencias entre España y los países de la UE en lo que respecta a vivienda vacía, alquiler y rehabilitación, no debe llevarnos a idealizar a estos países. Tampoco debemos obviar los vientos de privatización que soplan en el resto de la UE sobre las políticas urbanas, de vivienda y de cohesión social. Por último, la comprobación del éxito histórico de otros no debe hacernos caer en la tentación de la importación mimética y acrítica de técnicas foráneas que, a buen seguro, necesitan adaptarse a nuestro terreno. Sea como fuere, hay referentes históricos y buenas prácticas en la materia. No tenerlas en cuenta sería incomprensible

 Para acceder al artículo original, pincha aquí.

“LA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS ILEGALES REFLEJA UN FRACASO COLECTIVO”

“Noticias y Actualidad”

El nuevo fiscal jefe de Málaga ha realizado una entrevista donde repasa los problemas actuales del sistema judicial en España, así como los grandes macro procesos de corrupción urbanística. A continuación, os ofrecemos un resumen de la misma.

Juan Carlos López Caballero (Sevilla, 1956) tomó posesión como nuevo fiscal jefe de Málaga el pasado 19 de abril. Hombre de pocas palabras —“el hombre que siente mucho habla poco”, dijo a modo de disculpa en su discurso de aceptación, citando a Platón— y tímido ante los focos, dirige una de la fiscalías más numerosas y complejas de España, tanto por la cantidad como por la variedad de los delitos que se producen en la provincia. Málaga acumula uno de cada tres casos que lleva la Fiscalía Anticorrupción, sección de la que López Caballero es delegado en la provincia.

Pregunta. ¿Recuerda el primer caso en el que trabajó como fiscal? ¿Cómo ha cambiado la labor de la fiscalía desde entonces?

Respuesta. Mi primer destino fue, en 1982, Santa Cruz de Tenerife. Empecé de forma gradual, con casos no muy complicados(..). Quizá el mayor cambio que percibo sea que este cuerpo de funcionarios, la fiscalía, ha pasado de ser un gran desconocido en la Administración de Justicia a tener un protagonismo indudable en los últimos años. Hoy la sociedad es plenamente consciente de cuál es el papel de la fiscalía en su mandato constitucional.

P. En su discurso de toma de posesión llegó a hablar del riesgo de “morir de éxito” por este mayor protagonismo.

R. Quizá no me expresé con la suficiente claridad en ese momento. Me refería a que ese protagonismo social genera unas expectativas de atender múltiples frentes y hacerlo con relativa eficacia. Y esas expectativas no siempre se cumplen por la falta de medios personales y materiales que históricamente hemos sufrido. Esa reflexión yo la haría extensiva a toda la Administración de Justicia.

FUENTE: elpais.com
FUENTE: elpais.com

P. Con la crisis económica es poco probable que los recursos aumenten ¿Cómo se plantea el mandato con esta limitación?

R. Los recursos son escasos y la problemática cada vez más amplia. Habrá que insistir en lo que se ha venido haciendo hasta ahora: aportar esfuerzo personal que compense la carencia de medios. Habrá que acudir a soluciones que no impliquen necesariamente la aplicación de grandes recursos. Por ejemplo, en determinados puntos de España donde se manifiesten ciertas formas de delincuencia cuya investigación es compleja, a las fiscalías habría que dotarlas de determinados medios personales y de unidades y equipos de investigación. Esto solo supone el trasvase de funcionarios de un sector de la Administración a otro; el coste económico es muy reducido.

P. Eso ya ha funcionado de alguna manera en la investigación del caso Malaya o del caso Astapa [sobre corrupción en Estepona].

R. Sí, pero esas colaboraciones se han llevado a cabo con el poder judicial. Nosotros reclamamos dotación de este personal en la oficina fiscal, sin perjuicio de que a los órganos judiciales se les dé la máxima cobertura. No se trata de competir con los jueces (…) Los fiscales somos los que sostenemos la acusación en el acto del juicio y hay vistas orales de cierta complejidad donde se requeriría un apoyo y auxilio efectivo. Esas unidades también servirían para acometer investigaciones propias de la fiscalía y para complementar investigaciones cuyo origen proceda de la cooperación internacional.

P. ¿Qué enseñanzas extrae de los macroprocesos en los que ha participado?

R. Eso requeriría una macroentrevista. Cuando se compara la previsión normativa con la realidad de los casos se observan grandes lagunas en la legislación. Hay numerosos puntos a tratar. Solo en aspectos formales del procedimiento está el aseguramiento de los medios de prueba, las posibles renuncias de un procesado a su defensa o viceversa, la celebración en bloques o qué pasa si un integrante del proceso se pone enfermo. Luego, la Ley de Enjuiciamiento Criminal está absolutamente superada por los muchos retoques o parches de los que ha sido objeto. Una nueva ley es perentoria.

P. ¿Qué cabe hacer para descongestionar los juzgados?

R. Esto también daría para un capítulo extenso. Mi impresión como funcionario es que hay pocos órganos judiciales para atender la conflictividad social. En juzgados de otros países que he visitado ni por asomo existe el volumen de papel que se da aquí. Una fórmula válida podría ser cierta despenalización de supuestos de delincuencia de bagatela. No se calcula el coste económico y la energía que se pierde, por ejemplo, en un juicio de faltas por injurias leves entre vecinos, una controversia que se resuelve con una multa. Esas energías podrían liberarse para instruir procedimientos más complejos que se verían acortados en la fase de investigación y de juicio.

P. El tribunal quiere terminar el juicio del caso Malaya, que empezó en septiembre de 2010, el próximo 31 de julio ¿Cree que será posible?

R. Estimo que sí lo es, pero va a requerir de una colaboración máxima de todos los implicados, y básicamente de las defensas, en el sentido de concretar las pruebas fundamentales y prescindir de aquellos testigos que no sean indispensables. La fecha tope del 31 de julio me parece adecuada y, si no se llega, veo bien continuar en agosto para que, en lo posible, todos los informes se presenten de forma continua.

P. ¿Hubiera sido conveniente tener otro fiscal en Malaya?

R. Hombre, claro, incluso tres. Pero eso es un error exclusivamente mío, una falta de previsión porque contaba con otro calendario, y cuando arrancó el juicio mis compañeros estaban tanto o más cargados de trabajo que yo.

P. ¿La corrupción ha disminuido con la crisis del ladrillo o se ha desplazado a otros ámbitos?

R. El binomio corrupción-economía es evidente. Si no se construye no hay negocio, pero en los periodos de crisis se van a dar otros supuestos vinculados a la corrupción como, por ejemplo, la obtención indebida de subsidios y ayudas públicas. La corrupción se centrará en el gasto público de las Administraciones.

P. ¿Qué opina de que la Junta pretenda regularizar miles de viviendas ilegales por las que la fiscalía ha actuado e incluso ha logrado encarcelar a alcaldes?

R. Es una decisión política con consecuencia legislativa y nos corresponde acatar la ley. Son soluciones que de algún modo expresan un fracaso colectivo: el de no haber sabido o podido evitar la proliferación de viviendas ilegales. Habrá que ver el lado positivo, y que la experiencia sirva para hacer más eficaces los mecanismos de control preventivo.

La entrevista completa la podéis encontrar en el siguiente enlace: PINCHA AQUI

FOMENTO ESTUDIA UNA AMNISTÍA PARA MILES DE VIVIENDAS ILEGALES

“Noticias y Actualidad”

Desde la administración estatal se está estudiando la posibilidad de la modificación de diversas normas básicas (Ley del Suelo, Ley de Propiedad Horizontal…) para avanzar en la resolución del problema urbanístico, jurídico y social que se ha producido en toda España, especialmente en el litoral, con la edificación de un gran número de viviendas en los últimos años no ajustadas a la legislación tanto urbanística como sectorial.

En este sentido hemos de recordar el Decreto 2/2012, regulador de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, que fue objeto de un artículo en la Ciudad Comprometida.( La regularización del suelo no urbanizable: ¿lo que todos estaban esperando?). Del mismo modo, hemos de recordar que las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio están transferidas a las comunidades autónomas, así como las atribuciones del estado limitadas a lo establecido en la sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, que estableció el actual régimen jurídico-urbanístico.

Podéis acceder al artículo completo en el siguiente link: PINCHA AQUÍ.

Imagen de Marbella. FUENTE: elpais.com
Imagen de Marbella. FUENTE: elpais.com


El Ministerio de Fomento estudia una amnistía que, de aprobarse así, afectaría a decenas de miles de viviendas ilegales. Se trata de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. Así figura en un documento de reforma de la legislación urbanística enviado a comunidades y Ayuntamientos para alegaciones. Esto afectaría a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el número) por toda España, pero principalmente en el litoral: Marbella, la costa cántabra, la Axarquía de Málaga, Almería… Fuentes del ministerio afirman que se trata solo de un “documento técnico sin respaldo político abierto a sugerencias”.

Fomento ha preparado un documento de 58 páginas “a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas”, en el que incluye cambios en la Ley del Suelo, la de Propiedad Horizontal, la de Economía Sostenible y un decreto ley de 2011 de racionalización del gasto público. El ministerio insiste en que queda un largo camino por delante, que muchas partes pueden sufrir cambios y que es un texto muy técnico, “sin respaldo político”, para recibir sugerencias y alegaciones.

Entre reformas para facilitar la rehabilitación, figura un cambio en la Ley del Suelo de calado. Ahí, con una redacción algo críptica, señala que “será causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes, en virtud de los cuales haya de demolerse una edificación, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho” de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el que hace referencia a la inscripción en el registro de los terceros de buena fe

Aunque se actuara por la vía penal contra los regidores que dieron licencias, ejecutar la demolición de las viviendas era mucho más complicado. En la costa de Cantabria también hay urbanizaciones enteras con sentencia de derribo y con cientos de propietarios que compraron con permiso.

El texto de Fomento añade que para beneficiarse de este cambio legal, las construcciones deberían cumplir cuatro condiciones. Las viviendas deben estar terminadas (no se aplica a obras aún en marcha). Además, la compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnistía, y no debe exceder la licencia o el plan urbanístico que fue declarado ilegal. Por último, no puede estar en dominio público (cauces de ríos o en primera línea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.

La norma no afectaría a las casas construidas directamente sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre. Para las levantadas allí legalmente antes de la Ley de Costas, de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una reforma de la Ley de Costas. Según ha anunciado a su Consejo Asesor, lo construido en terrenos degradados podrá desafectarse de forma sencilla. Ese es el trámite para convertir el dominio público en privado y afectaría a barrios enteros como El Palo, en Málaga.

La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo relata la dificultad para ejecutar las sentencias de demolición y cómo en algunas zonas hay un conflicto social por el tema. La Fiscalía de Cádiz resalta la existencia de “verdaderos grupos de presión para la regularización de viviendas ilegales, evitándose con ello las procedentes demoliciones”. “Los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística […] Tales grupos no solo exigen la legalización de sus edificaciones —muchas de ellas incursas en procedimientos penales— sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan además de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos […] se financie con fondos públicos”.

En enero pasado, la Junta de Andalucía, del PSOE, aprobó un decreto que daba “reconocimiento jurídico” a entre 300.000 y 350.000 viviendas aisladas. “Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas”, explicó la entonces consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ARCHIPIELAGO DE CHILOÉ EN CHILE

“El Territorio Comprometido”

Hoy es el turno de la  serie que en la que compartimos  un artículo de la Red de Urbanismo y Medio Ambiente de la UIM (Unión Iberoamérica de Municipalistas) en la Ciudad Comprometida. Se trata de la primera muestra de una serie de artículos donde estamos  difundiendo buenas prácticas realizadas en el ámbito de la cooperación fuera de nuestras fronteras, en concreto los programas realizados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

 

Archipielago de Chiloé. FUENTE: Junta de Andalucía

Al llegar a la Región de los Lagos la Cordillera de la Costa se hunde ligeramente para emerger convertida en la Isla grande de Chiloé. El valle central se inunda y aparece en pequeños islotes que forman el Archipiélago. Allí se genera una arquitectura “Bordemarina” realizada con los mismos sistemas y sabiduría de las construcciones navales.

El Archipiélago está compuesto por comunas independientes agrupadas en la Asociación de Municipalidades de Chiloé. En el invierno de 2003 se hace un llamamiento a la Asociación para presentarles la oportunidad de realizar un programa de rehabilitación de viviendas. Tres ciudades presentan propuestas.

ANCUD

La Población Ramón Freire se construyó para los damnificados del terremoto de 1960.Está compuesta de unas 70 viviendas pareadas, con un módulo de seis por seis metros, en parcelas de unos90 metros cuadrados. Están dispuestas en tres calles paralelas en una situación bastante central dentro de la comuna.

El trabajo de campo y los proyectos fueron realizados por un equipo de alumnos de la Universidad de Chile que colaboraron con los trabajadores sociales de la Municipalidad. El aporte de la Junta fue destinado a la adquisición de materiales. Los vecinos hicieron un aporte en materiales y trabajo.

Esta primera intervención inició un proceso rehabilitador en la comuna. Aprovechando la experiencia y las capacidades instaladas en la municipalidad, se mejoraron un total de 113 viviendas en la Población Bonilla con fondos del gobierno chileno.

 

Calle de Ancud. FUENTE: Junta de Andalucía

DALCAHUE

Este municipio es un territorio muy amplio, con tres centros poblados y una importante población rural diseminada.

La modalidad elegida fue hacer la mitad de las obras con subsidio y la otra mitad con ahorro previo de los vecinos más un crédito que le otorgaba el programa. Los créditos eran de pequeña cuantía, con un límite de 250.000 pesos (370 €) y un plazo de devolución de un año. El programa se abrió a toda la comuna y tuvo una gran demanda. Las obras que se realizaron fueron: reparación de cerramientos, mejoras de las instalaciones y construcción de baño al interior de casa.

El Comité de Desarrollo de Dalcahue, ente de participación local constituido por diversos agentes sociales. Seleccionaba a los beneficiarios en función de las condiciones económicas y familiares de los postulantes y después de una visita a la vivienda para evaluar las obras. Se repararon y ampliaron un total de 50 viviendas.

CHONCHI

La Población Pedro Aguirre Cerda fue una donación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica después del terremoto de 1960. Se articula alrededor de una plaza de grandes dimensiones que cuenta con una cancha deportiva cubierta. En el barrio se desarrolló un programa de mejoramiento que contemplaba la construcción de equipamientos públicos, pavimentación de las vías públicas y rehabilitación de viviendas. Se intervino en un total de treinta viviendas, realizando obras de mejoramiento de la estructura, revestimiento y aislamiento, así como ampliaciones, instalación de sanitarios, saneamiento, y electricidad.

La Municipalidad aportó la mano de obra a través de sus programas de trabajo comunitario. El levantamiento de las viviendas, los proyectos y la dirección de obras fueron realizados por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Comunal de la Municipalidad.

Podéis acceder al documento completo en la sección “Buenas Prácticas”, situada a la derecha de la página de inicio de nuestra red.

 

Ficha técnica. FUENTE: Junta de Andalucía

 

DEMOLERÁN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LIMA

“Noticias y Actualidad”

Todos y cada uno de nosotros podríamos recordar algún edificio, algún lugar, quizás de nuestra infancia, que ya no exista. Lugares a los que asociábamos recuerdos, vivencias, que ahora son solo eso, recuerdos. Y quizás esos edificios, aparte de la propia experiencia personal, tengan en si un valor patrimonial, por su antigüedad, por su historia o por los usos que albergaron, por la vida que generaron.

La noticia que compartimos, del periódico peruano La República, hace referencia al Palacio de los Deportes de Lima, en peligro de desaparición por la construcción de un edificio de viviendas. Pero es una situación extrapolable a cualquier sitio. La desaparición de edificios con valor es un mal universal.

La rehabilitación como recuperadora de elementos y signos de autenticidad cultural, debe dar opción a las generaciones futuras a conocer su pasado: “Todo lo que es, es por lo que ha sido”. Arquitectos y sociedad civil local, rechazan la demolición de esta edificación única en su género.

Imagen del articulo de la edicion impresa. FUENTE: larepublica.pe
Imagen del articulo de la edicion impresa. FUENTE: larepublica.pe

Os dejamos con algunos fragmentos del texto:

El Palacio del Frontón, en Tijuana, México, es un punto obligado para todos los turistas que llegan a ese país. Allí se practicó el jai alai y otros deportes vascos. Lo mismo ocurrió con el olvidado Palacio de los Deportes de Lima. Pero a diferencia del primero a nuestro simbólico inmueble nadie lo visita, ni le toman fotos y muy pronto solo será un recuerdo.
Después de funcionar por muchos años como oficinas de una empresa de servicios, ahora ha pasado a manos de una constructora que muy pronto lo demolerá para construir, en ese terreno de más de 400 metros cuadrados, 6 edificios de departamentos.

“Este inmueble guarda parte de nuestra historia, y aporta a la identidad recreativa y cultural de los años treinta. Teníamos la esperanza de que se recuperara para la vida cultural del distrito de Breña, pero ahora un privado pretende borrarlo para siempre y hacer un MiVivienda”, sostuvo Silvia de los Ríos, arquitecta y coordinadora del equipo de trabajo en el Centro Histórico de Lima del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP), tras remarcar que no están en contra del derecho del nuevo dueño a hacer en ese predio lo que desee, pero –indicó–debería primar el derecho de la ciudad a tener sus bienes inmuebles históricos intactos.     
Imagen del estado actual del interior. FUENTE: limalaunica
Imagen del estado actual del interior. FUENTE: limalaunica

Lamentó que la mayoría de predios que no lograron ser declarados como patrimonios o monumentos, como también ocurrió con lo que fuera el emblemático colegio San José de Cluny de la avenida Garcilaso de la Vega, con el tiempo son rematados como si no tuvieran valor.

En ese sentido, dijo que gran parte de la culpa la tienen algunas municipalidades que flexibilizaron o modificaron sus zonificaciones y donde antes había un uso exclusivamente cultural ahora se permiten enormes edificios.

De los Ríos pidió al Ministerio de Cultura se pronuncie y evite su desaparición. “Estamos tergiversando el sentido de esta ciudad. Se debe invertir en restaurar, en recuperar, en lugar de demoler y hacer una obra nueva”.

Para ver completo, PINCHA AQUÍ. Se ha creado una página a través de Facebook “Contra el derrumbe del Palacio de los Deportes”. Si deseas acceder, PINCHA AQUÍ.