Mucho se ha hablado del Plan de Empleo Rural, y en la mayoría de las ocasiones no ha sido para bien, sino todo lo contrario, para demonizarlo. La gente ataca esta prestación sin tener un conocimiento profundo de su fin y siempre basando sus opiniones en casos concretos de fraude, que no dudan en generalizar a todos los perceptores del mismo. De él se ha dicho que fomenta el paro, que compra voluntades y votos; que genera bolsas de dinero negro y economía sumergida, que anula la iniciativa empresarial y, en definitiva, aletarga a la población rural que se acostumbra a vivir con el subsidio. Pero realmente, el PER no es el problema, sino la consecuencia del problema, que no es otro que la de un sector castigado por la temporalidad, la baja productividad y la feroz competencia internacional.
Pese a ser continuamente cuestionado por la opinión pública y puntualmente por algunos políticos, el PER cuenta con las bendiciones de todas las administraciones, nacional, autonómica y local, así como con el apoyo de los principales partidos políticos y sindicatos. La razón no es otra que el objetivo que persigue desde que en 1984 cuando el gobierno de Felipe González la creó: paliar los efectos sociales y económicos de las altas tasas de paro en las zonas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura. Programa que ahora se le conoce como AEPSA y que ha evolucionado para fomentar el empleo y emprendimiento y ha extendido su ámbito a otras comunidades con una importante presencia del sector primario en su economía.
El PER no es el problema, sino la consecuencia del problema
Quien viva en un pueblo y sepa lo que es ganarse el jornal en el campo no cuestionará en absoluto su utilidad. Para empezar, permite luchar con la estacionalidad de las ofertas laborales que hay entre las diferentes campañas agrarias, -su duración media no supera el mes-, y máxime en zonas donde predomina el monocultivo. Evita que el problema del desempleo se trasvase a las ciudades, permitiendo una población estable y diversificada por toda la geografía rural que a su vez, genera y demanda otros servicios que crean nuevos puestos de trabajo. Lejos de lo que se piensa, fomenta la iniciativa empresarial entre los pequeños agricultores al poder contar con un colchón de renta que permite tomar decisiones arriesgadas para mejorar los cultivos. Si hoy en día el campo andaluz es la huerta de Europa es por ayudas como éstas. Y por último, las famosas peonadas han repercutido en mejoras de infraestructuras y servicios para todos los municipios agrarios.
Evidentemente esta renta agraria tiene un coste, pero bastante inferior a lo que el común de ciudadanos cree. En total, de los 25.000 millones de euros presupuestados por el Gobierno para el fomento del empleo, sólo 216 millones de euros son para el empleo agrario. Es decir, hablamos de prácticamente el uno por ciento para el fomento del empleo agrario y subsidio. Por tanto es una ‘renta básica’ perfectamente asumible por la economía española que aporta más beneficios que costes y que combate la marginalidad y la despoblación del campo en todas las regiones donde se aplica: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura, Murcia y Valencia.
AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria)
Entre las medidas económicas para paliar el desempleo agrario hay que distinguir entre:
- Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA): Fondo anual que el Gobierno destina para que los ayuntamientos rurales inviertan en infraestructuras y servicios, y así generar peonadas que serán realizadas por jornaleros en paro. Cada peonada representa 7,45 horas de trabajo y para poder tener derecho al subsidio, son necesarias 35 al año.
- Subsidio Agrario: Es una prestación por desempleo de los trabajadores eventuales del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social. Es necesario cotizar 35 peonadas para cobrar 426 euros durante 6 meses, salvo si se es mayor de 52 años que se prolonga hasta 300 días.
- Renta Agraria: Prestación por desempleo dirigida a los trabajadores eventuales incluidos en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios de la Seguridad Social (SEASS) residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Es necesario cotizar un mínimo de 35 peonadas para cobrar entre 426 y 569 euros durante 6 meses, salvo si se es mayor de 52 años que se prolonga hasta 300 días.