En estos días en el que el pulso soberanista del independentismo catalán se intensifica de cara al referéndum del 1 de octubre, son muchas las explicaciones que del lado del nacionalismo catalán se están dando para ganar adeptos a la causa independentista. Dejando aparte los de índole identitaria, que apelan a los sentimientos y de los que no caben discusión, existen otros argumentos que se nutren de datos económicos para demostrar las tesis de los que defienden la desconexión con España. Entre ellos se encuentra la financiación territorial y, más concretamente, el déficit de la balanza fiscal de Cataluña, considerado como un agravio del Estado hacia una población catalana, que ha mermado la calidad de la mayoría de los servicios públicos de Cataluña, especialmente en los años duros de la reciente crisis. Ese sentimiento de costear el estado autonómico que tanto ha calado en el independentismo, se puede simplificar en la célebre y polémica expresión de ‘Espanya ens roba’.
Las balanza fiscal territorial se puede definir como la diferencia entre los impuestos recaudados en una región, y el gasto o inversión que el Estado realiza en ella. Si los tributos que ciudadanos y empresas pagan al erario público suman más que las inversiones, se genera un déficit en la balanza. Quiere eso decir que el Estado recauda más de lo que invierte y en esa región, y por tanto, parte del dinero de los contribuyentes de esa región se invierten en otros territorios o proyectos de índole nacional. Este sería el caso de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana,Navarra y Baleares en 2013.
Si por el contrario, la inversión del Estado en una autonomía suma más que lo que recauda a través de los impuestos, se estaría generando un superávit en la balanza fiscal. En este caso, ciudadanos y empresas de otras regiones estarían costeando servicios e inversiones que la autonomía, por sí misma, no podría financiar. Este sería el caso del resto de autonomías que no tienen déficit.
La razón de que las autonomías ‘más ricas’ financien a las ‘más pobres’, se fundamenta en el principio de solidaridad territorial, el mismo que utiliza la Unión Europea para redistribuir los fondos comunitarios desde los países con mayor renta per cápita, a los que menos tienen. A este principio, de entrada, no se opone ninguna región, ni si quiera Cataluña, siempre y cuando se tenga en cuenta el principio de ordinalidad, que vendría a ser como una ‘racionalización de la solidaridad’. Primero los servicios e inversiones de la región donde se recauda, y después los del resto, dejando una vía a la solidaridad interterritorial cuando se cubran todas las necesidades o sobre dinero. Con este principio, la pasada crisis, Catalunya no hubiera aportado dinero al resto de regiones ya que sus cuentas presupuestarias eran deficitarias. Aquí está uno de los problemas de este modelo, basta con engordar la cifra del gasto autonómico para evitar la fuga de dinero a otras regiones, sin contar que el Estado considera por igual a todos los ciudadanos sin importar su residencia, dado que son ellos, y no las regiones, los que pagan los tributos.
Cuestión de criterios
El hecho que una región tenga la renta más alta que otra, no implica que todos sus ciudadanos estén manteniendo al resto. Un catalán con una renta de 15.000 euros al año, posiblemente reciba más prestaciones y beneficios sociales que un andaluz que gane 40.000 euros al año. La diferencia no está en la pertenencia a una región, sino en lo que cada uno gana y, sobre todo, en la concentración de rentas altas, pagadoras netas de impuestos, en ella. Ello ocurre precisamente en aquellas regiones donde existe una mayor densidad empresarial, que en España, por razones históricas, se ha concentrado en el Norte y la capital. La concentración de la actividad productiva de un país, genera flujos de capital del resto de regiones hacia ellas vía consumo, favoreciendo que sus balanzas comerciales con el resto de regiones, presenten superávit. Este fenómeno no es ‘Marca España’, sino que es común en todos los países, con diferencias interterritoriales mucho más acusadas que las que se presentan en España. Véase el caso de Londres en el Reino Unido, o el de París en Francia. En definitiva, y aquí surge la primera controversia, no se debe valorar la balanza fiscal de forma aislada, sino que también debe tenerse en cuenta la balanza comercial de cada región para entender cómo el dinero circula y, en definitiva, con la intervención del Estado, se redistribuye.
A la hora de distribuir fondos, no se pone la lupa en la región, sino en los ciudadanos
Por ello muchos políticos y economistas, a la hora de aplicar el principio de solidaridad, no ponen la lupa en la región, sino en los ciudadanos más desfavorecidos, y sobre todo, allí, donde su concentración es mayor, sin importar su vinculación territorial. Se trata de que las rentas altas redistribuyan su riqueza entre los que menos tienen.
Sin embargo, son muchos los economistas que cuestionan este modelo de financiación territorial, de la misma manera que se cuestiona el sistema impositivo progresivo con argumentos de peso. A fin de cuentas, a nadie le gusta pagar, y menos si es un impuesto. Pero no sólo el modelo, sino también las partidas que deben tenerse en cuenta, e incluso los flujos monetarios entre administraciones, con el objeto de arañar dinero para cada administración autonómica. En ‘El ruido de las balanzas fiscales’ de Manel Machón, se aborda la complejidad de los criterios de asignación de partidas que suman o resta al déficit fiscal, con el ejemplo de la inversión en una línea del AVE.
Actualmente España es el único país del mundo que publica el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, siguiendo una metodología ‘consensuada’ y abalada por reputados economistas. Que España sea el único país que las publica, no quiere decir que no existan otros modelos no oficiales que se publiquen en otros países, y como es normal, existen diferencia de criterios propias de la idiosincrasia de cada país. Esa diferencia son las que uno y otros tratan de utilizar para justificar un mayor o menor esfuerzo fiscal con el resto de regiones. Al final, como ya se ha dicho, se trata de conseguir más dinero, y a ser posible, evitar contribuir con los gastos comunes de solidaridad interterritorial.
La publicación de las balanzas fiscales obedecía a un ejercicio de transparencia del Ministerio de Hacienda que, más que mostrar la racionalidad y la equidad del reparto de los recursos públicos y de las cargas tributarias, ha generado un argumento de confrontación entre los independentistas, y ello pese a que su déficit fiscal dista leguas del que tiene Madrid con el resto de España.