Por muy optimistas que sean, o quieran serlo, las declaraciones del gobierno acerca de la mejora de la economía del país, en general, y de la consolidación de las medidas adoptadas para fortalecer el sistema financiero, en particular, las noticias que publican los medios especializados acerca de las recomendaciones del FMI y del Banco Central no concuerdan mucho con ese optimismo.
Desde ambos organismos, aunque aceptan la estabilización y el crecimiento de los ratios económicos que dicen darnos una cierta normalidad, aconsejan más reajustes que sugieren que no todo va tan bien como parece, ya que siguen la misma tónica que los anteriores. Desde las medidas laborales, como es el incremento de la productividad sin especificar cómo hacerlo para salvaguardar los derechos de los trabajadores (recordemos que este indicador de gestión o de negocio se calcula dividiendo la producción total obtenida por los recursos empleados; la forma para mejorarlo sólo se puede alcanzar incrementando el numerador o disminuyendo el denominador, o ambos a la vez instando a producir más, realizando contratos precarios o haciendo regulaciones de empleo), hasta la congelación de las pensiones o el retraso de la edad de jubilación, pasando por nuevas reestructuraciones bancarias, da la sensación de que siguen siendo las familias las que han de continuar soportando los reajustes.
En el ámbito financiero, el FMI señala las prioridades que hay que contemplar a corto plazo (tal como refleja el diario Expansión): atajar las debilidades que persisten en el sector y la cartera de activos improductivos, prepararse para manejar turbulencias que amenacen la estabilidad financiera y fortalecer y modernizar el marco institucional. Para ello, se ha de mejorar la rentabilidad, acumular más reservas de capital y adaptar las posiciones de financiación. Y continuar con las rondas de consolidación mediante fusiones que fortalezcan estructuralmente a los bancos resultantes frente a perturbaciones inesperadas.
La reciente compra del B. Popular por el Santander y la absorción de BMN por Bankia son un claro ejemplo de estas recomendaciones y no serán los últimos movimientos que se harán en este sentido. En cambio, en ningún sitio se recogen las consecuencias de esta reordenación, ni se prevén las medidas para paliar la pérdida de rentabilidad para los pequeños ahorradores ni cómo ayudar a la recolocación de los miles de empleados que serán despedidos.
Resulta paradójico observar cómo estas cuestiones son pasadas por alto mientras que uno de los objetivos prioritarios es el fortalecimiento de la banca frente a “perturbaciones inesperadas”. No sé a usted, estimado lector, pero a mí personalmente me cuesta trabajo pensar que en el ámbito financiero se produzcan “cisnes negros” que no hayan sido previamente impulsados por el propio sistema financiero. Al menos, lo casos históricos demuestran que las crisis que se han producido no han ocurrido como consecuencia de un “terremoto inesperado” sino como resultado de movimientos especulativos en cascada de los que ya se sabían las consecuencias en origen cuando una de las variables cambiara de sentido o de signo. La única diferencia de la actual situación con las anteriores es que ahora la información fluye de forma global y los responsables (de papel) pueden ser señalados y procesados.
Hace unos días, Bankia (recordarán el asunto de las preferentes), lanzó al mercado un nuevo fondo de inversión socialmente responsable, una modalidad de “inversión de impacto”, según su folleto informativo, que persigue la rentabilidad como un impacto social y medioambientalmente positivo. El producto, llamado Bankia Futuro Sostenible, invierte en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el hambre, en favorecer el agua limpia y el saneamiento, la salud y el bienestar y el cuidado del medioambiente. Y las empresas en las que cotiza el fondo deben actuar responsablemente y, además, deben ofrecer soluciones positivas a los grandes problemas de la sociedad.
Alabo la iniciativa y ojalá todos los productos tuvieran esa finalidad, aunque me temo que los propios bancos que los lanzan quedarían excluidos de los criterios de selección para colocar en ellos las carteras de fondos de inversión con esa finalidad socialmente responsable.
En todo caso, esta contradicción se la pueden permitir porque los principales motivos de los clientes españoles, según un reciente estudio publicado por We Are Tester, para elegir o cambiar de banco son los puramente económicos (más de un 50% en ambos casos), mientras que la seguridad y la atención que reciben es valorada por debajo del 15% y el resto de razones se encuentra muy repartidas con porcentajes muy pequeños. Las que no aparecen son las referidas a actuaciones socialmente responsables para motivar la fidelización o la ruptura de la relación cliente-entidad.
Quizá esto sea consecuencia de la “normalización de los ajustes” a la que nos hemos acostumbrado o a que la tecnología financiera nos está alejando del modelo tradicional de banca, debido al cada vez mayor grado de digitalización de los servicios y de adopción de soluciones vía internet y dispositivos móviles. De hecho, según la reciente investigación realizada por FUNCAS y KPMG, casi el 30% de los clientes usan servicios financieros online pero el 75.7% no sabe el tipo de interés de su cuenta ni un rango aproximado del mismo.
Datos para pensar.
José Manuel Navarro Llena
@jmnllena
