Coincidiendo con la recta final del estado de alarma, el PSOE ha presentado una proposición no de Ley (PNL) para regular la eliminación progresiva del efectivo en los pagos que, en el caso de su uso entre particulares, empezaría con la reducción del límite actual de 2.500€ a 1.000€ en cualquier transacción monetaria. Esta medida, que se enmarca en un plan a largo plazo para prevenir y erradicar el fraude fiscal y la economía sumergida, ha tenido diferentes grados de aceptación entre los distintos agentes públicos y privados.
Mientras que las empresas especializadas en comercio electrónico y pagos digitales observan con beneplácito esta medida, ya que vendría a consolidar la tendencia al alza que se ha producido durante el confinamiento respecto de las compras con tarjeta y por internet, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea se han mostrado contrarios a su implantación por correr el riesgo de vulnerar el Tratado de la UE en el que se contempla que billetes y monedas son instrumentos de pago de curso legal, por lo que su eliminación definitiva coartaría a los ciudadanos la libertad de elección para su utilización en el comercio minorista. Por otro lado, el BCE añade que la medida propuesta en la PNL perjudicaría a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, empujándolos hacia una mayor exclusión financiera al impedirles el manejo de efectivo y obligarles a adoptar tecnologías para las que no están preparados cultural y económicamente.
Ambas razones, aunque expuestas de manera no vinculante, no tienen la consistencia esperada de estas instituciones ya que, por una parte, el concepto de moneda de curso legal referido al “euro” seguiría manteniendo su valor como medio para saldar cualquier transacción económica y continuaría contando con el respaldo del banco central de cada país con independencia del soporte (físico o electrónico) que materialice su representatividad. Por otro lado, las experiencias de éxito llevadas a cabo por empresas y entidades en países africanos (M-Pesa), sudamericanos (TPaga) y asiáticos (Alipay, Wechat) que han implantado soluciones para pagos entre particulares, compras en comercio físico y electrónico o canalización de ayudas y subvenciones a través de dispositivos móviles, han demostrado ser altamente eficaces no solo para favorecer la inclusión financiera, llegando a puntos remotos de cualquier geografía e incrementando la seguridad de las transacciones al evitar robos y garantizar la recepción puntual del dinero obviando intermediarios, sino que se han constituido en modelos consolidados de banca móvil y, en el caso chino, en gigantes financieros con capacidad para atender a cientos de millones de usuarios.
Desde mi punto de vista, ni la justificación aducida por el partido en el gobierno para eliminar el efectivo (existen otras medidas más efectivas para reducir el fraude fiscal y perseguir la economía sumergida) ni la respuesta dada por el BCE para recomendar su retirada del proceso de tramitación son coherentes ni responden a la realidad del mercado; caracterizado éste por un acelerado cambio en la conducta de consumo de las personas que ha venido propiciado por una corriente sucesiva de innovaciones en los dispositivos que pueden habilitar formas seguras de pago (diversidad en las tipologías de tarjeta, aplicaciones móviles, wearables, autenticación biométrica, etc.) y por el esfuerzo demostrado en la última década por entidades del sector de los medios de pago para eliminar cualquier barrera en el comercio digital.
Si prestamos atención a cómo ha evolucionado el comercio electrónico en los dos últimos años, observaremos un incremento sostenido en el uso de móviles y sistemas multiplataforma en el mercado latinoamericano y asiático, mientras que en América del Norte y Europa continúa la dependencia de portátiles y PC de escritorio, lo que evidencia la rápida adopción en aquellas dos primeras regiones de dispositivos y de infraestructuras menos costosas, donde el 40% de las transacciones de pago se hacen desde la billetera digital como consecuencia del impulso e incentivos dados por los gobiernos y por los miembros de la recién constituida Alianza de Pago Móvil (MoPA).
Los cambios de conducta provocados por la crisis del Covid-19 en los sistemas de pago han afectado a todos los sectores de población y de actividad, propiciando una rápida adaptación en los más “resistentes”, tanto en la parte de la oferta como en la demanda. Nuevas experiencias desde la necesidad han consolidado hábitos que ahora deben enriquecerse a través de la implementación generalizada de tecnologías como la realidad virtual y la aumentada, para fortalecer la conexión entre empresas y clientes.
Por ello, cabría esperar del gobierno el apoyo a la innovación y a la regulación de los medios de pago para facilitar su universalización y la protección total de los usuarios, más que legislar sobre la reducción del uso de dinero efectivo, la cual se produciría de forma natural al tiempo que crecieran los pagos digitales.
José Manuel Navarro Llena
@jmnllena