José Manuel Navarro

Blog de José Manuel Navarro Llena

El euro digital, el efectivo y la encrucijada de la economía digital

Si el concepto de economía que, en términos generales, manejamos los ciudadanos se está convirtiendo en un complejo entramado de variables (inflación subyacente, aranceles, políticas monetaria y fiscal, balanza comercial, déficit público, PIB, etc.) a las que antes no prestábamos demasiada atención y que, ahora, forman parte del discurso diario en los medios de comunicación en su intento por aportar claridad al comportamiento de los mercados financieros y a los vaivenes de los índices bursátiles dependientes de las derivas políticas de las principales potencias, el de economía digital puede escapar de la comprensión de muchos sectores de la población, sobre todo los más vulnerables (tanto a nivel de bajos ingresos como de exclusión financiera o digital), al requerir además de ciertas habilidades que hemos de aprender al ritmo acelerado de las innovaciones tecnológicas.

Y si por economía digital entendemos el conjunto de actividades económicas que se basan en el uso intensivo de tecnologías que operan en internet, usan datos en la nube, accionan plataformas o aplicaciones para producir, distribuir, intercambiar y consumir bienes y servicios en un mercado que incluye sectores como el comercio electrónico, los servicios financieros digitales, las plataformas colaborativas, la inteligencia artificial y la automatización, el proceso de comprensión del usuario medio para participar con plena autonomía puede verse comprometido en un entorno que interconecta electrónicamente a empresas, consumidores y gobiernos. Los parámetros de la economía convencional se mueven ahora en un ecosistema global en constante evolución, en el que los “meta datos”, la “hiper-conectividad» y la “omni-canalidad” son elementos centrales en la construcción de un nuevo paradigma socioeconómico.

En este contexto, surgen nuevas formas de dinero y de pago, entre ellas, el euro digital, propuesto por el Banco Central Europeo (BCE), que irrumpe como un actor potencialmente transformador del ecosistema financiero y que ha sido desarrollado para complementar el efectivo y el dinero bancario tradicional. No se trata de una criptomoneda en el sentido estricto del término, sino de una representación digital del euro respaldada por el propio banco central, con valor legal garantizado y diseñada (a priori) para su uso cotidiano.

El avance de la economía digital en las dos últimas décadas, dando saltos cualitativos exponenciales, ha reconfigurado el panorama financiero y la relación de los ciudadanos con el dinero. En esta transformación, la próxima introducción de una moneda digital de un banco central, como es el euro digital, va a coexistir con la persistencia del dinero en efectivo (inmutable desde su concepción) y los medios de pago convencionales, generando un debate crucial sobre el futuro de los pagos y la soberanía financiera.

La iniciativa del BCE responde a múltiples motivaciones:

  • Declive del uso del efectivo: En la Eurozona, el pago con billetes y monedas se ha reducido del 79% del total de pagos en el punto de venta en 2016 y al 59% en 2022, según datos del BCE.
  • Resiliencia del sistema financiero: Ante posibles disrupciones tecnológicas o geopolíticas, contar con una alternativa digital soberana reduce la dependencia de infraestructuras ajenas a la UE.
  • Competencia de actores privados: La irrupción de criptomonedas y stablecoins emitidas por empresas privadas (como la extinta Libra de Meta) plantea riesgos a la estabilidad financiera y a la soberanía monetaria.
  • Interoperabilidad transfronteriza: El euro digital puede facilitar pagos más eficientes entre países de la Eurozona y con terceros países, si se articula correctamente con otras CBDC (como el yuan o el dólar digitales).

En octubre de 2023, el BCE concluyó la fase de investigación del proyecto y entró en la fase de preparación, que durará al menos dos años. La emisión definitiva dependerá de la aprobación del marco legislativo correspondiente por parte del Parlamento y el Consejo Europeo. Las motivaciones para su lanzamiento, como hemos apuntado, son diversas y de gran calado. Pero destacan dos fundamentales: (1) adaptarse a la disminución progresiva del uso de efectivo en las transacciones, una tendencia observada a nivel global a la que no es posible poner una fecha aproximada en la que pueda dejar de ser usado o alcance niveles testimoniales. Y (2), mantener el dinero bancario en su operatoria tradicional, como son los pagos cotidianos y las transacciones transfronterizas, para salvaguardar el sistema público. No obstante, en origen, el ánimo que subyace a todo el movimiento de construcción de una CBDC es contrarrestar el auge de los criptoactivos y de las «stablecoins», que representan un desafío potencial para la soberanía y la estabilidad del euro.

El euro digital se presenta así como una alternativa regulada y estable frente a la volatilidad de muchas criptomonedas, buscando preservar el papel del euro como ancla del sistema financiero europeo. Al mismo tiempo, se pretende fortalecer la autonomía estratégica de Europa en el ámbito de los pagos, reduciendo la dependencia de infraestructuras y proveedores de servicios de pago extracomunitarios, incluso añadiendo a sus planes la creación de una infraestructura propia de pagos con tarjeta para hacer frente al fuerte posicionamiento de redes como VISA, MasterCard, American Express o UnionPay.

Según el BCE, el euro digital estará diseñado para ser utilizado tanto en comercios físicos como en línea, para facilitar pagos peer-to-peer entre particulares, funcionar sin conexión (offline) en determinadas condiciones y ser gratuito en sus funcionalidades básicas para todos los ciudadanos. El sistema no reemplazaría a los bancos comerciales: manteniendo estos su papel de intermediarios y custodios, al igual que lo hacen con las cuentas bancarias tradicionales. No obstante, el riesgo de desintermediación existe si una parte significativa de los depósitos se traslada al BCE, lo que afectaría la liquidez bancaria y la capacidad de concesión crédito. Por ello, se contemplan límites a la tenencia de euros digitales (por ejemplo, 3.000 € por persona), aunque esta cifra todavía no está concretada. También se plantea la posibilidad de remunerar negativamente los saldos superiores a ese umbral para evitar su uso como depósito a largo plazo. No obstante, estas restricciones podrían debilitar el modelo de moneda virtual para soportar las transacciones cotidianas de un ciudadano medio.

Uno de los aspectos más polémicos del euro digital es la cuestión de la privacidad. Mientras el efectivo garantiza anonimato total, el euro digital, por su naturaleza trazable, suscita preocupaciones sobre la vigilancia financiera. El BCE ha anunciado que no tendrá acceso a los datos personales de los usuarios y que la privacidad estará garantizada mediante técnicas como la seudonimización, el cifrado de extremo a extremo o la separación de funciones entre las entidades que procesan los pagos. Sin embargo, diversos analistas y organizaciones civiles alertan de que ninguna solución digital puede replicar el anonimato absoluto del efectivo. Y tampoco el euro digital parece aportar nada nuevo para el control de las finanzas respecto de los medios de pago actuales en lo que respecta a inmediatez, seguridad, trazabilidad, versatilidad o conveniencia. La cuestión es si los ciudadanos estarán dispuestos a utilizar un instrumento que podría ser potencialmente rastreado, incluso si se garantiza que no se usarán sus datos. El precedente de sistemas como el de China, con un yuan digital vinculado al crédito social, alimenta las dudas en Europa.

Es preciso insistir que, desde una perspectiva funcional, el euro digital no representa una mejora radical respecto al dinero bancario o al electrónico en lo que respecta a velocidad, coste o seguridad. Hoy, las transferencias instantáneas (SEPA Instant), las tarjetas tokenizadas y los pagos móviles A2A ya ofrecen operaciones seguras, rápidas y trazables. El euro digital tampoco tiene una ventaja clara en términos de inclusión, si bien podría facilitar pagos offline según los técnicos del BCE. Su principal aportación radica en la garantía de acceso a dinero público en un mundo digital, reforzando la confianza en el sistema financiero, sobre todo en situaciones de crisis o desconfianza bancaria. Como señala el FMI, una CBDC bien diseñada puede ser una herramienta para preservar la estabilidad financiera, siempre que no desincentive el ahorro bancario ni, como consecuencia, afecte negativamente a la distribución del crédito. El problema es que estos conceptos están muy lejos de las preocupaciones diarias de los ciudadanos, por lo que no serían los motivadores principales para su rápida adopción.

En cambio, frente al euro digital, el dinero en efectivo mantiene atributos insustituibles como:

  • Privacidad total: Las transacciones no dejan rastro digital, ni de ningún otro tipo.
  • Universalidad: Aceptado en todos los puntos de venta y para cualquier transacción, sin necesidad de tecnología.
  • Accesibilidad: Puede ser usado por cualquier persona, incluidas las no bancarizadas o con limitaciones tecnológicas.
  • Resiliencia: Funciona en situaciones de emergencia, apagones (como el reciente “blackout” sufrido en España) o ciberataques.

Un informe de la European Consumer Organisation (BEUC) advierte que la desaparición progresiva del efectivo afectaría desproporcionadamente a los colectivos vulnerables: mayores, migrantes, personas sin acceso bancario o con ciertas discapacidades. Eliminar o reducir drásticamente el efectivo podría dejar a estos colectivos en una situación de vulnerabilidad, limitando su capacidad para realizar pagos y acceder a bienes y servicios básicos. Aunque el BCE ha reiterado que no tiene intención de eliminar el efectivo, la reducción de cajeros automáticos, las comisiones por retirada de dinero, las limitaciones en el importe máximo que se puede reintegrar de una cuenta o usar para pagar sin informar de su aplicación, o la negativa de algunos comercios a aceptarlo, son señales preocupantes.

Un estudio del Bundesbank sobre el futuro del uso del efectivo plantea diferentes escenarios, y si bien todos proyectan una disminución en su cuota de uso, ninguno contempla su desaparición total en los próximos 15 a 20 años. Esto subraya la resiliencia del efectivo y su arraigo en los hábitos de pago de los ciudadanos. La preferencia por el efectivo sigue siendo alta en varios países de la Eurozona, lo que evidencia que su uso no es meramente una cuestión de hábito, sino que responde a necesidades y preferencias específicas de los usuarios, además de ser un elemento insertado en la cultura popular con independencia de su identidad social, incluso como elemento de “resistencia” frente a la imposición de “lo digital” en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Si se limita el uso del dinero físico o bancario, por ejemplo, impidiendo determinadas transacciones o estableciendo umbrales para su utilización, se vulneraría el principio de libertad económica. El marco legal que apruebe el Parlamento Europeo deberá garantizar que los ciudadanos puedan seguir usando el efectivo sin restricciones, y que optar por el euro digital no sea obligatorio para acceder a servicios esenciales. De lo contrario, podría generarse un escenario de discriminación económica. Además, el equilibrio entre innovación y derechos fundamentales requerirá vigilancia institucional y participación ciudadana. La educación financiera, en este sentido, será un elemento crítico; sin ella, los usuarios podrían adoptar instrumentos que no comprenden completamente, con consecuencias sobre su autonomía y seguridad económica.

En este nuevo escenario, el papel de las entidades financieras será crucial ya que se espera que actúen como distribuidores del euro digital (al igual que lo hacen con el dinero bancario y el electrónico), lo que les podría brindar oportunidades para innovar y ofrecer nuevos servicios si la estructura regulatoria se lo permitiera y si los costes de nuevas infraestructuras y de control normativo los pudieran encajar. Sin embargo, también enfrentan el desafío de la posible desintermediación si los depósitos se trasladan al euro digital (a una cuenta del BCE), lo que podría requerir ajustes en sus modelos de negocio. La colaboración entre el BCE (en su papel de emisor y probablemente también de custodio principal) y las instituciones financieras será fundamental para una transición fluida y para garantizar que los servicios relacionados con el euro digital sean eficientes y accesibles

La coexistencia entre euro digital, el dinero bancario y el electrónico y el efectivo es el escenario más probable en el horizonte de 2030. Este entorno híbrido dependerá de:

  • El marco regulatorio que asegure la interoperabilidad, la libertad de uso y la protección de datos. Habrá también que revisar la normativa MiCA, regulación del mercado de criptoactivos, para que los proveedores que operan en la UE se sometan a criterios más estrictos en la operatividad de los “exchanges” descentralizados y centralizados.
  • La confianza institucional como valor fundamental para la adopción voluntaria.
  • La innovación tecnológica que permitirá una experiencia de usuario fluida y segura.
  • Las garantías de inclusión para evitar nuevas brechas sociales, digitales y financieras.

Según una encuesta del BCE (2023), el 60% de los ciudadanos prioriza la privacidad como condición esencial para aceptar el euro digital. Si no se logra replicar el nivel de confianza del efectivo, es probable que la mayoría opte por continuar con los instrumentos actuales. Por ello y como resumen, el euro digital representa una oportunidad estratégica para reforzar la soberanía monetaria europea, modernizar el sistema de pagos y responder a los retos de la economía digital. Pero su éxito dependerá de que sea percibido como una opción libre, segura, privada, conveniente y complementaria al efectivo y al dinero bancario. De lo contrario, podría convertirse en una fuente de desconfianza social y fragmentación económica. La protección de la privacidad, la inclusión y la resiliencia no son opcionales: son las condiciones mínimas para que cualquier avance tecnológico sea aceptado y útil en una sociedad democrática.

José Manuel Navarro Llena

Director Estrategia y Marca SEFIDE EDE – MOMO Group

Articulo publicado en IT Digital Magazine de ITUser, nº 28, páginas 129-132


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