«Noticias y Actualidad»
En el marco de las “V JORNADAS TÉCNICAS ANDALUZAS SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EL MEDIO RURAL” que se desarrollarán el viernes, día 25 de marzo de 2011, en la localidad de Bujalance, los ponentes y asistentes debatirán sobre EL FUTURO DE LAS ZONAS OLIVARERAS, en la actual coyuntura del olivar andaluz, en la que las innovaciones tecnológicas se abren paso en medio de un panorama que compromete seriamente la continuidad de una parte importante de la olivicultura, especialmente la cultivada de manera más tradicional en zonas con desventajas naturales, sumidas en una crisis de precios, incluidos los del aceite de oliva, y en las incertidumbres sobre las ayudas y subvenciones públicas.
Los cambios en el paisaje agrario y en la estructura de la población rural podrían llegar a ser comparables a las transformaciones de cultivos y a las emigraciones masivas que siguieron a la “Revolución Verde” en nuestros campos.
Por todo ello, queremos felicitar efusivamente a los organizadores de las mismas (Asociación La Avutarda Bujalanceña, Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Excma. Diputación de Córdoba, Asociación para el Desarrollo Rural “Medio Guadalquivir”) así como agradecer a nuestro amigo Manolo Cala, el activista del medio rural, por la información que nos ha facilitado.
Inscripción: mediante llamada telefónica, mensaje por e-mail o enviando el boletín de inscripción a la Secretaria Técnica (Ayuntamiento de Bujalance, Plaza Mayor s/n, 14650, Bujalance Teléfono: 957-170080 Fax: 957-170047. E mail: jornadasolivar@bujalance.es)
El aceite de oliva se está vendiendo a 1,86 euros el kilo, cuando sus costes de producción superan los dos euros. Estiman que para que el sector pueda subsistir su precio debería rondar los 2,30 euros. Como medida de choque, demandan que la Comisión Europea autorice el almacenamiento privado de este producto, con lo que su precio subiría. Además es demandado que la Comisión Europea active de inmediato el mecanismo de intervención para frenar la caída del precio del aceite de oliva y, en consecuencia, impulsar la subida.
Uno de los motores económicos más potentes de Andalucía no puede estar al margen de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. El aceite de oliva es capaz de influir hasta en el 30% de la economía, por lo que su relación con la ciencia y los avances para mejorar la calidad y los métodos de producción son determinantes para miles de personas.
El proyecto de Ley del Olivar, amplía las medidas de apoyo de la Junta para asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios. La futura Ley establecerá asimismo el marco normativo para mantener y mejorar el cultivo, facilitar el desarrollo sostenible de los territorios olivareros y fomentar la calidad y promoción de sus productos.
El texto plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. Entre otras novedades, establece la figura de los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social, como las contrapartidas económicas que recibirán por llevarlos a cabo.
En cuanto al eje de sostenibilidad, el proyecto prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias; mejorar las condiciones de trabajo, y respaldar el olivar tradicional, el situado en zonas con desventajas naturales, la producción ecológica e integrada y el uso eficiente de los recursos hídricos. Las medidas de fomento previstas se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que se aprobará en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley y determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.