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El nuevo fiscal jefe de Málaga ha realizado una entrevista donde repasa los problemas actuales del sistema judicial en España, así como los grandes macro procesos de corrupción urbanística. A continuación, os ofrecemos un resumen de la misma.

Juan Carlos López Caballero (Sevilla, 1956) tomó posesión como nuevo fiscal jefe de Málaga el pasado 19 de abril. Hombre de pocas palabras —“el hombre que siente mucho habla poco”, dijo a modo de disculpa en su discurso de aceptación, citando a Platón— y tímido ante los focos, dirige una de la fiscalías más numerosas y complejas de España, tanto por la cantidad como por la variedad de los delitos que se producen en la provincia. Málaga acumula uno de cada tres casos que lleva la Fiscalía Anticorrupción, sección de la que López Caballero es delegado en la provincia.

Pregunta. ¿Recuerda el primer caso en el que trabajó como fiscal? ¿Cómo ha cambiado la labor de la fiscalía desde entonces?

Respuesta. Mi primer destino fue, en 1982, Santa Cruz de Tenerife. Empecé de forma gradual, con casos no muy complicados(..). Quizá el mayor cambio que percibo sea que este cuerpo de funcionarios, la fiscalía, ha pasado de ser un gran desconocido en la Administración de Justicia a tener un protagonismo indudable en los últimos años. Hoy la sociedad es plenamente consciente de cuál es el papel de la fiscalía en su mandato constitucional.

P. En su discurso de toma de posesión llegó a hablar del riesgo de “morir de éxito” por este mayor protagonismo.

R. Quizá no me expresé con la suficiente claridad en ese momento. Me refería a que ese protagonismo social genera unas expectativas de atender múltiples frentes y hacerlo con relativa eficacia. Y esas expectativas no siempre se cumplen por la falta de medios personales y materiales que históricamente hemos sufrido. Esa reflexión yo la haría extensiva a toda la Administración de Justicia.

P. Con la crisis económica es poco probable que los recursos aumenten ¿Cómo se plantea el mandato con esta limitación?

R. Los recursos son escasos y la problemática cada vez más amplia. Habrá que insistir en lo que se ha venido haciendo hasta ahora: aportar esfuerzo personal que compense la carencia de medios. Habrá que acudir a soluciones que no impliquen necesariamente la aplicación de grandes recursos. Por ejemplo, en determinados puntos de España donde se manifiesten ciertas formas de delincuencia cuya investigación es compleja, a las fiscalías habría que dotarlas de determinados medios personales y de unidades y equipos de investigación. Esto solo supone el trasvase de funcionarios de un sector de la Administración a otro; el coste económico es muy reducido.

P. Eso ya ha funcionado de alguna manera en la investigación del caso Malaya o del caso Astapa [sobre corrupción en Estepona].

R. Sí, pero esas colaboraciones se han llevado a cabo con el poder judicial. Nosotros reclamamos dotación de este personal en la oficina fiscal, sin perjuicio de que a los órganos judiciales se les dé la máxima cobertura. No se trata de competir con los jueces (…) Los fiscales somos los que sostenemos la acusación en el acto del juicio y hay vistas orales de cierta complejidad donde se requeriría un apoyo y auxilio efectivo. Esas unidades también servirían para acometer investigaciones propias de la fiscalía y para complementar investigaciones cuyo origen proceda de la cooperación internacional.

P. ¿Qué enseñanzas extrae de los macroprocesos en los que ha participado?

R. Eso requeriría una macroentrevista. Cuando se compara la previsión normativa con la realidad de los casos se observan grandes lagunas en la legislación. Hay numerosos puntos a tratar. Solo en aspectos formales del procedimiento está el aseguramiento de los medios de prueba, las posibles renuncias de un procesado a su defensa o viceversa, la celebración en bloques o qué pasa si un integrante del proceso se pone enfermo. Luego, la Ley de Enjuiciamiento Criminal está absolutamente superada por los muchos retoques o parches de los que ha sido objeto. Una nueva ley es perentoria.

P. ¿Qué cabe hacer para descongestionar los juzgados?

R. Esto también daría para un capítulo extenso. Mi impresión como funcionario es que hay pocos órganos judiciales para atender la conflictividad social. En juzgados de otros países que he visitado ni por asomo existe el volumen de papel que se da aquí. Una fórmula válida podría ser cierta despenalización de supuestos de delincuencia de bagatela. No se calcula el coste económico y la energía que se pierde, por ejemplo, en un juicio de faltas por injurias leves entre vecinos, una controversia que se resuelve con una multa. Esas energías podrían liberarse para instruir procedimientos más complejos que se verían acortados en la fase de investigación y de juicio.

P. El tribunal quiere terminar el juicio del caso Malaya, que empezó en septiembre de 2010, el próximo 31 de julio ¿Cree que será posible?

R. Estimo que sí lo es, pero va a requerir de una colaboración máxima de todos los implicados, y básicamente de las defensas, en el sentido de concretar las pruebas fundamentales y prescindir de aquellos testigos que no sean indispensables. La fecha tope del 31 de julio me parece adecuada y, si no se llega, veo bien continuar en agosto para que, en lo posible, todos los informes se presenten de forma continua.

P. ¿Hubiera sido conveniente tener otro fiscal en Malaya?

R. Hombre, claro, incluso tres. Pero eso es un error exclusivamente mío, una falta de previsión porque contaba con otro calendario, y cuando arrancó el juicio mis compañeros estaban tanto o más cargados de trabajo que yo.

P. ¿La corrupción ha disminuido con la crisis del ladrillo o se ha desplazado a otros ámbitos?

R. El binomio corrupción-economía es evidente. Si no se construye no hay negocio, pero en los periodos de crisis se van a dar otros supuestos vinculados a la corrupción como, por ejemplo, la obtención indebida de subsidios y ayudas públicas. La corrupción se centrará en el gasto público de las Administraciones.

P. ¿Qué opina de que la Junta pretenda regularizar miles de viviendas ilegales por las que la fiscalía ha actuado e incluso ha logrado encarcelar a alcaldes?

R. Es una decisión política con consecuencia legislativa y nos corresponde acatar la ley. Son soluciones que de algún modo expresan un fracaso colectivo: el de no haber sabido o podido evitar la proliferación de viviendas ilegales. Habrá que ver el lado positivo, y que la experiencia sirva para hacer más eficaces los mecanismos de control preventivo.

La entrevista completa la podéis encontrar en el siguiente enlace: PINCHA AQUI