Hoy compartimos un texto que nos han enviado y que ya ha aparecido publicado en las secciones de opinión de varios periodicos granadinos. Una carta al director que es un grito de «auxilio abierto» y con el que no podemos estar mas de acuerdo:
¡¡¡Socorro!!! Este es el grito de miles de personas que estamos asistiendo impávidas a la ola de inmoralidad política que nos ha invadido. Nos sentimos indefensas ante tanta tropelía.
No podemos decir que la corrupción sea cosa de un partido, la generalización de esta práctica es el mayor daño que se ha hecho a la democracia. Si Tejero nos tuvo en jaque hace unas décadas, no menos antipatriotas y dañinas son estas malas artes. Da igual si la corrupción se manifiesta en forma de sobres, trajes, EREs, fundaciones, asesores, consejeros, “yernísimos” o de lo que nos quede por ver; todas, en su conjunto, son la misma práctica mafiosa que ningún partido está dispuesto a cortar; de ahí nuestro grito de socorro. Nos han estafado a quienes creímos que nuestros representantes eran dignos, como digna es la política.
Nuestra petición de auxilio llega también a la Unión Europea que, ante todo, se debería preocupar de defender a los ciudadanos que viven en países donde los legisladores hacen leyes a su medida para tapar sus robos.
Conceptualmente hablando, y salvando las distancias, hemos vuelto a la Edad Media; nosotros, los de a pie, somos como los vasallos de antaño: siempre pagando tributos; nos han robado los derechos que hemos adquirido durante 30 años, solo les queda poner, por decreto, el derecho de pernada. Mientras, ellos, los que nos dicen que hemos vivido estos años por encima de nuestras posibilidades, los señores feudales modernos, viven, sin pudor, nadando en la abundancia.
No queremos, con esto, que alguien piense que la solución es acabar con la democracia y que esta ha sido la fuente de nuestros males. Somos defensores a ultranza de esta forma de gobierno y ahora, más que nunca, debemos defenderla.
Apelamos a los jóvenes honestos que hay en cada partido para que acaben con los “carcamales políticos” que, acomodados en su sillón, nos han llevado a la ruina. Sois la única esperanza que tenemos los que creemos en la democracia. Terminad con los aparatos del partido que ante un hecho probado de corrupción miran para otro lado o se dedican a decirle a otros partidos “y tú más”, en lugar de cortar de raíz el problema. Abrid las ventanas de vuestras sedes para que entre una bocanada de honradez y terminad con quienes han hecho de la política su cortijo particular.
La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS). Es una iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada. Podeis consultar este documento en el siguiente enlace. A continuación comentamos sintéticamente sus aspectos mas relevantes.
Los objetivos fundamentales son dos:
Fomentar el conocimiento y el apoyo a los espacios protegidos de Europa.
Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo en los espacios protegidos.
La Carta se divide en tres fases:
Turismo sostenible para el espacio protegido.
Turismo sostenible para la empresa turística.
Turismo sostenible para los mayoristas de viajes (tour operators).
Los principales objetivos de la Carta son los de implicar a todas las partes interesadas con el turismo en el zonas protegidas, elaborando y aplicando una estrategia de turismo sostenible y un Plan de Acción para el espacio protegido. De esta manera se promociona el patrimonio natural y cultural, informando adecuadamente a los visitantes para que descubran, comprendan y establezcan un vínculo con el territorio, evitando un desarrollo turístico excesivo que pusiera en peligro su conservación y se aumenten los beneficios del turismo en la economía local.
Las principales ventajas que proporciona la Carta a los espacios naturales protegidos son:
Distinción en Europa como territorio de excelencia en materia de turismo sostenible.
Fijar unos objetivos ambiciosos en materia de turismo sostenible.
Incrementar la implicación de los profesionales del turismo en la planificación turística del espacio protegido.
Influir sobre el desarrollo del turismo en su territorio.
Reforzar su acción de sensibilización de los visitantes.
Favorecer un desarrollo socioeconómico que sea respetuoso con el medio ambiente.
Poseer un instrumento de planificación y de control para realizar un seguimiento y evaluar la política turística llevada a cabo en el territorio.
En resumidas cuentas, la idea de implantar este tipo de planes es la de unificar estrategias tanto de las empresas turísticas como de entidades de protección, ampliándose los recursos humanos y materiales para colaborar, incluso participando activamente la población local, en la información y legislación para planificar el desarrollo del área protegida y generando una serie de recursos económicos al territorio, que puedan ayudar a sufragar su conservación.
La nueva de Ley de Costas que se encuentra actualmente en tramitación esta creando polémica. Como no podía ser de otra manera, al tratarse de una legislación que atañe a unas zonas tan sensibles en tantos sentidos como el nuestro litoral. En el siguiente artículo que hemos encontrado en la prensa digital podemos ver un ejemplo de ello.
Para comprender la nueva Ley de Costas hará falta tener a mano un mapa de España. Porque la ley, establece distinto trato en función de la zona. Unas 10.000 viviendas de una decena de núcleos conflictivos quedan excluidas de ser dominio público marítimo-terrestre. Y lo hacen sin informe técnico ni justificación del Gobierno sobre por qué los elige. Además, la isla de Formentera, un paraíso casi virgen, tendrá una definición de la zona protegida más laxa para no proteger toda la superficie. Por último, en algunas rías la servidumbre de protección bajará de 100 a 20 metros. Las viviendas en la playa del resto del litoral podrán seguir 75 años más, que se suman a los 30 años o 60 que ya les dio la actual ley, vigente desde 1988.
El Ministerio de Medio Ambiente ha redactado la primera reforma legal de calado en 24 años de la norma, que ni Aznar tocó. Lo que hace es mantener todo lo ya construido y quitarle problemas a los ocupantes de las viviendas. Y lo hace sin desmontar toda la arquitectura jurídica de la ley. Salvo en los sitios más conflictivos, donde intenta sofocar el incendio eximiéndoles de la norma. Pero corre el riesgo de enfadar a todos y que los propietarios de otros lugares o los ya derribados exijan el mismo trato que los de estos 10 enclaves.
Basándose en un criterio desconocido, Medio Ambiente saca del dominio público 10 núcleos de población que suman unas 10.000 viviendas. Son zonas de muy distinto origen: desde las casas de pescadores de El Palo (Málaga); las viviendas de Oliva (Valencia), cuyo deslinde es de octubre de 1947, a la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales en los años setenta para extranjeros. Ahora estarán en la servidumbre de protección, con lo que no podrán ampliar las casas, pero sí serán propiedad privada.
¿Qué tienen en común? Solo que según la ley actual y la Constitución fueron declarados dominio público tras un extenso expediente de deslinde (el trámite que delimita la zona pública y privada de playa) con informes técnicos. Eso había generado graves problemas sociales y políticos. Medio Ambiente considera que no era razonable que núcleos tan grandes y consolidados estuvieran declarados como dominio público.
Las excepciones se adoptan sin informe técnico ni apenas justificación
Los dueños, muchos de ellos desde hace generaciones, podrán recuperar la propiedad de su vivienda. En un paso intermedio, el terreno será del Estado, que previsiblemente lo adjudicará a los actuales ocupantes por un precio simbólico o lo permutará con el Ayuntamiento.
Los 10 núcleos seleccionados se salvan. El resto tendrá una concesión casi a perpetuidad y sin apenas condiciones, Quienes tenían una casa legalmente construida en la playa antes de la Ley de Costas recibieron en 1988 una concesión de 30 años y en el mejor de los casos de 60 sin pagar canon. Cuando esas caduquen tendrán otros 75 años para usar la casa a cambio de un pequeño canon. La primera concesión equivale al justiprecio de la expropiación y la segunda al uso. En total, las casas podrán llegar a estar sobre la playa hasta 135 años.
El ministerio considera que el planteamiento de la Ley de Costas de ir derribando lo construido a partir de 2018 (cuando empezaban a vencer los 30 años) era demasiado «radical» y había generado «mala imagen de España» en Europa -hay muchos extranjeros afectados y sus embajadas y eurodiputados presionan al Gobierno-. Qué ocurrirá pasados los próximos 75 años es imposible de aventurar. Por lo pronto es una concesión que supera con mucho la vida de una persona y sin apenas restricciones.
Medio Ambiente cambia poco la definición de dominio público marítimo-terrestre y no autoriza la propiedad privada en la costa. Hacer eso habría supuesto un embrollo jurídico de dimensiones impensables y además habría obligado a reiniciar el trámite de deslinde, que ha tardado casi 25 años en estar al 95%. El Gobierno no tenía dinero para volver a deslindar la costa y espera que con los cambios introducidos (exclusión de algunas dunas fósiles) sirvan la mayoría de los trabajos realizados.
La norma puede generar un agravio con quienes ya han perdido su vivienda por la aplicación de la Ley de Costas, gente a la que se le expropió la concesión por muy poco dinero. El Gobierno considera que estos no tienen ninguna posibilidad de recurrir con éxito. Se les aplicó la ley vigente en su momento y remite a quien pagó por una donación antes de que se quitara el impuesto.
Puede que la reforma sea jurídicamente discutible. No solo por las excepciones sino por la parte que otorga al Estado la posibilidad de suspender planes municipales que afecten a la costa. Incluso puede que de llegar al Constitucional el Gobierno pasase un mal rato defendiendo su reforma. Pero no es sencillo que algún partido político recurra la norma, dado lo impopular que sería defender que barrios enteros pasen a dominio público. La realidad se ha impuesto.
Hace tres años comenzó su recorrido nuestro querido blog “LA CIUDAD COMPROMETIDA”; lo que procedería sería un aséptico comunicado sobre la consolidación de la publicación y su estructura, con unas líneas de gratitud por las múltiples aportaciones que nutren su crecimiento…
Pero es que estás lejos…
Concretamente, en el desierto de Atacama, el más árido del planeta, y lo que me apetece es escribirte para contarte que es verano a este lado del planeta, habitat naturaldesde hace tiempo de escamoteadores y magos de la indolencia, donde la prima de riesgo va cercenando sueños y espanta la esperanza.
Mientras, como antaño, otros empaquetan sus genialidades, olvidan sacar pasaje a la desidia y abren franquicias, agencias, sucursales y delegaciones de su inteligencia, tesón y ganas de trabajar.
Pienso en Carlos López, y el equipo de LBA que nos acompañan en esta aventura; en mis compañeros Kika, Elena, Gabriel, Santiago, Charo, Rafa, Jesús, Jesus Maria, Czesto, Jose Miguel, Mari Ángeles, Ana Belen, Armando, Juan, Chules, Fernando, María, Lucia, Francis, Miguel Ángel, Carina, Carlos, Claudia, Gabriela,Shirley y sobre todo en ti, Juan Carlos García de los Reyes;
y me acuerdo frecuentemente de Vicente Huidobro que dice:
“…Ando en viaje dando un poco de mi vida
A ciertos árboles y a ciertas piedras
Que me han esperado muchos años…”
Y sí, es hora de felicitarnos, entre otras mil cosas, porque seguimos luchando y este blog es trasunto de nuestra filosofía, profesional y personal, que entona por alegrías (como hemos aprendido de tí) que todo está por hacer y todo es futuro.
Hoy os presentamos un artículo de especial interes para todos aquellos interesados en urbanismo y sostenibilidad, que fue publicado en el diario La Opinion de Malaga. Esperamos que la ciudad de Granada tome ejemplo de esta iniciativa tan interesante:
Las ciudades europeas de Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla, Roma, Turín, Génova, Marsella, Pays d’Aix, Atenas y Tesalónica firmaron el lunes 7 de febrero la Carta de Málaga sobre modelos urbanos sostenibles, a través de la cual se promoverán la construcción de manzanas verdes, proyectos que buscan la mezcla de usos residenciales, sociales y comerciales, conviviendo en armonía.
Entre los firmantes de la Carta de Málaga, figuran los alcaldes de Málaga y Sevilla, Francisco de la Torre y Alfredo Sánchez Monteseirín; de Génova, Marta Vincenzi, y representantes de los demás municipios.
Cada una de las ciudades que integran este proyecto, liderado por Málaga, ha de diseñar su manzana verde, un lugar en el que deberán convivir varios usos urbanos, con abundantes zonas verdes y servicios ciudadanos.
Así, las ciudades firmantes, integradas en la Plataforma CAT MED, se comprometen, bajo la premisa de que las ciudades mediterráneas han de ser modelos urbanos sostenibles, a compartir sistemas de indicadores urbanos de sostenibilidad, tal y como explicó el alcalde de Málaga.
Cohesión social
Asimismo se integrarán en un «radio razonable» la complejidad de usos que tiene una ciudad, desde la residencia hasta el trabajo, pasando por los equipamientos de ocio. Otra de las características comunes de estos nuevos espacios será la integración de viviendas de renta libre y de protección oficial en una misma construcción para cumplir con las políticas europeas de cohesión social.
En el caso de Málaga, la manzana verde se ubicará en la zona de El Duende, donde se construirán alrededor de 160 viviendas que cumplan con los citados requisitos.
En Sevilla, según manifestó su alcalde, este espacio sostenible implica la «demolición total del barrio degradado de Los Pajaritos», para lo que se ha iniciado el estudio de la situación socioeconómica de las familias que residen en las 512 viviendas municipales de esta zona.