CONTRAS DE LA NUEVA LEY DE “COSTES” DEL LITORAL

El reciéntemente aprobado Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, por el que se modifica la Ley 22/1988 de Costas, ha sido motivo de una fuerte controversia entre partidarios y detractores de distinta profundidad técnica.

Una de las instituciones más autorizadas pronunciadas al respecto ha sido el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, que llega a hablar de:

  • Incertidumbre y carencia de previsibilidad.
  • Ausencia de valoración de los aspectos ambientales y paisajísticos.
  • Consideración de la costa como un recurso privado y no un bien público.
  • Dudas metodológicas y de fundamento en relación con la propuesta de revisión del deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).
  • E incluso de desmantelamiento del DPMT, pues se está poniendo una cota inferior a la futura posición del deslinde.
Agravios comparativos en la Isla de Tenerife ya desde la anterior ley. Fuente: perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es
Agravios comparativos en la Isla de Tenerife ya desde la anterior ley. Fuente: perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es

Y es que según esta institución, la solución no puede ser más conveniente para las propiedades privadas tras el deslinde, ni peor para los intereses públicos a medio y largo plazo, ya que el Estado deberá garantizar su protección mediante las obras que sean necesarias, con la que está cayendo.

En resumen, considera que el texto se puede calificar de:

1.       Antropocéntrico ya que el hombre es el centro de la costa y su único amo y señor.
2.       Unidimensional ya que sólo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades económicas en la costa.
3.       Unidireccional ya que sólo se regulan reducciones del DPMT y la zona de servidumbre, y no se plantean su recuperación, restauración o ampliación.
4.       Desfasado ya que no tiene en cuenta el conocimiento desarrollado en los últimos veinte años.
5.       Discriminatorio ya que excluye determinados núcleos frente a otros similares, abriendo la posibilidad de la reclamación “por agravios comparativos”.
6.       Expansivo ya que amplía, en el espacio y en el tiempo, los supuestos relacionados en el borrador con la “inseguridad jurídica”.
7.       Imprudente ya que no considera la subida del nivel medio del mar prevista en los próximos 75 años.
8.       Gravoso para los intereses de todos ya que no considera los riesgos, los costes y las consecuencias de la reducción del DPMT y de la exclusión de determinados núcleos.
9.       Reglamentista ya que contiene precisiones y detalles, en aspectos no esenciales que son de Reglamento que no de Ley.
10.   Impreciso y ambiguo en los aspectos esenciales para la delimitación del DPMT y la exclusión de zonas del mismo.
11.   Incierto e imprevisible, sin seguridad jurídica al dejar para el Reglamento aspectos esenciales de regulación.
12.   Antieuropeo ya que la costa se considera en la legislación europea como un valor natural en sí misma, y su regulación se hace desde el conocimiento e información, con un amplio apoyo y discusión desde todos los ámbitos ambientales, legales, técnicos, etc…
13.   Descoordinado ya que, prácticamente, no hay referencias a la legislación autonómica.
14.   Desleal con la Constitución Española ya que no ubica y no protege los fundamentos de los artículos sobre DPMT y el derecho al medio ambiente.
15.   Insostenible ya que el Borrador no analiza y no aplica el principio de que las actuaciones ejecutadas por esta generación no deben comprometer el desarrolllo de las generaciones futuras.

En definitiva, que ya se ha encontrado una forma de acabar con la crisis: vendiendo el patrimonio que es de todos.

  Juan Garrido Clavero, Geógrafo, Politólogo y Antropólogo de GRarquitectos

NUEVA LEY DE “COSTES” PARA EL LITORAL

«Noticias y Actualidad»

Ya tenemos nueva Ley de Costas. Ayer se aprobó en el congreso y deroga ya antigua Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. Ocupando todos los días otros temas  más dramáticos las principales portadas de los medios, se ha colado sin apenas hacer ruido esta actualización de nuestra legislación del litoral, que solo ha tenido un eco y foro de discusión apropiado a través de blogs y redes sociales.

Para muchos esta ley da un paso atrás y no reconoce los problemas de ocupaciones y sobreecplotacion que ha generado a todas nuestras costas la burbuja inmobiliaria y el ladrillo desde los años 60. Para otros, aumentará la seguridad jurídica, por ejemplo, al ampliar las concesiones administrativas, como las de los chiringuitos (de 1 a 4 años) o  las  edificaciones en dominio público marítimo terrestre otros 75 años.

Compartimos unos párrafos de uno artículo de los muchos que podéis encontrar por la red que reflexionan sobre el uso-abuso que hemos hecho de nuestro paisaje, y de la costa en particular, y de que camino nos platea esta reforma legislativa. Se titula “Costes de la ley de costas” y podéis ver completo pinchando aquí.

Benalmádena, Málaga. Fuente: elpais.com
Benalmádena, Málaga. Fuente: elpais.com

El panorama que se ofrecía al visitante que accedía a España desde Francia en coche o ferrocarril hace 10 años era un espectáculo insólito de taludes y grúas. Un fenómeno que se desparramaba por el litoral catalán hacia levante. Un caso prácticamente único en Europa, especialmente si tenemos en cuenta que todo ese movimiento de tierras y mutación del paisaje no tenía relación directa con la mejora del territorio agrícola o con el crecimiento neto de población. Una explosión que rápidamente fue case study en las universidades de Ciencias Sociales, Geografía, Antropología, coincidiendo con momentos de máxima divulgación de nuestra arquitectura en el mundo.

La presión era tal, que a la iniciativa privada se incorporó la pública y, con dinero prestado, cada población con salida al mar aspiraba a un puerto deportivo, en lugares tan excepcionales como Portbou, o en el delta del Ebro. También de prestado se construyeron las variantes y rotondas que transformaron el acceso a las poblaciones en un sinfín salvaje de redondeles, sumergidos en taludes, desmontes y jardinería kitsch (no conocemos peor traducción del roundabout inglés que nuestra versión ibérica). También revivieron viejas urbanizaciones en laderas y en la costa, paradas desde los años 60 y 70, además de florecer viviendas en las periferias de todas las ciudades, en forma de bloques o pareadas. Continuaron y se expandieron proyectos, que imaginábamos controlados por la ley de Costas, con casas aisladas u organizando conjuntos frente al mar. En los parajes agrícolas y descampados no había tampoco descanso: naves, granjas, casas, vallas; de todo. Ese paisaje en construcción fue la traducción visual de una situación económica que colocó la urbanización de suelo y la construcción en una posición de ventaja estratégica respecto a otras inversiones. Eso ocurría aquí, en 2002. Pero todo este paisaje, del que nadie se hace responsable, se acabó. ¿Ahora qué?

En su última lección como catedrático de la Escuela de Arquitectura, Manuel Ribas Piera (MRP), insistía en el necesario control cívico del urbanismo y en el valor irradiante de la arquitectura. Una intuición que surge del convencimiento de que las ciudades y su estudio forman parte de una unidad, de un ecosistema, en el que construido y vacío, tierra y piedras no pueden proyectarse, ni pensarse, de manera aislada. Hoy sabemos cuánto esta visión, que entiende la ciudad como una parte del paisaje, es esencial no solo por criterios estéticos o formales, sino también por razones estructurales. Son cuestiones ecológicas y medioambientales, de los que cuelga nuestro futuro: en las que el control y la evaluación del “riesgo” debería guiar las decisiones sobre las estrategias y las leyes (discusión creciente en Estados Unidos tras los desastres ambientales provocados por el cambio climático). El último artículo de MRP en EL PAÍS, Eurovegas, vender la dignidad, iniciaba de manera emocionante: “La tierra es el más preciado patrimonio nacional. Un patrimonio al que no deberíamos renunciar y que es, en último término, lo que nos distingue y nos une”. En el debate actual sobre el litoral, que pone sobre la mesa el futuro ambiental de nuestro país, nos falta el criterio, el interés cívico y la pasión radical por el paisaje y la ciudad de MRP.

UNA LEY DE COSTAS A LA CARTA

“El Territorio Comprometido”

La nueva de Ley de Costas que se encuentra actualmente en tramitación  esta creando polémica. Como no podía ser de otra manera, al tratarse de una legislación que atañe a unas zonas tan sensibles en tantos sentidos como el nuestro litoral. En el siguiente artículo que hemos encontrado en la prensa digital podemos ver un ejemplo de ello.

Para comprender la nueva Ley de Costas hará falta tener a mano un mapa de España. Porque la ley, establece distinto trato en función de la zona. Unas 10.000 viviendas de una decena de núcleos conflictivos quedan excluidas de ser dominio público marítimo-terrestre. Y lo hacen sin informe técnico ni justificación del Gobierno sobre por qué los elige. Además, la isla de Formentera, un paraíso casi virgen, tendrá una definición de la zona protegida más laxa para no proteger toda la superficie. Por último, en algunas rías la servidumbre de protección bajará de 100 a 20 metros. Las viviendas en la playa del resto del litoral podrán seguir 75 años más, que se suman a los 30 años o 60 que ya les dio la actual ley, vigente desde 1988.

El Ministerio de Medio Ambiente ha redactado la primera reforma legal de calado en 24 años de la norma, que ni Aznar tocó. Lo que hace es mantener todo lo ya construido y quitarle problemas a los ocupantes de las viviendas. Y lo hace sin desmontar toda la arquitectura jurídica de la ley. Salvo en los sitios más conflictivos, donde intenta sofocar el incendio eximiéndoles de la norma. Pero corre el riesgo de enfadar a todos y que los propietarios de otros lugares o los ya derribados exijan el mismo trato que los de estos 10 enclaves.

Canales de Empuriabrava (Girona). FUENTE: elpais.com
Canales de Empuriabrava (Girona). FUENTE: elpais.com

Basándose en un criterio desconocido, Medio Ambiente saca del dominio público 10 núcleos de población que suman unas 10.000 viviendas. Son zonas de muy distinto origen: desde las casas de pescadores de El Palo (Málaga); las viviendas de Oliva (Valencia), cuyo deslinde es de octubre de 1947, a la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales en los años setenta para extranjeros. Ahora estarán en la servidumbre de protección, con lo que no podrán ampliar las casas, pero sí serán propiedad privada.

¿Qué tienen en común? Solo que según la ley actual y la Constitución fueron declarados dominio público tras un extenso expediente de deslinde (el trámite que delimita la zona pública y privada de playa) con informes técnicos. Eso había generado graves problemas sociales y políticos. Medio Ambiente considera que no era razonable que núcleos tan grandes y consolidados estuvieran declarados como dominio público.

Las excepciones se adoptan sin informe técnico ni apenas justificación

Los dueños, muchos de ellos desde hace generaciones, podrán recuperar la propiedad de su vivienda. En un paso intermedio, el terreno será del Estado, que previsiblemente lo adjudicará a los actuales ocupantes por un precio simbólico o lo permutará con el Ayuntamiento.

Los 10 núcleos seleccionados se salvan. El resto tendrá una concesión casi a perpetuidad y sin apenas condiciones, Quienes tenían una casa legalmente construida en la playa antes de la Ley de Costas recibieron en 1988 una concesión de 30 años y en el mejor de los casos de 60 sin pagar canon. Cuando esas caduquen tendrán otros 75 años para usar la casa a cambio de un pequeño canon. La primera concesión equivale al justiprecio de la expropiación y la segunda al uso. En total, las casas podrán llegar a estar sobre la playa hasta 135 años.

El ministerio considera que el planteamiento de la Ley de Costas de ir derribando lo construido a partir de 2018 (cuando empezaban a vencer los 30 años) era demasiado «radical» y había generado «mala imagen de España» en Europa -hay muchos extranjeros afectados y sus embajadas y eurodiputados presionan al Gobierno-. Qué ocurrirá pasados los próximos 75 años es imposible de aventurar. Por lo pronto es una concesión que supera con mucho la vida de una persona y sin apenas restricciones.

Medio Ambiente cambia poco la definición de dominio público marítimo-terrestre y no autoriza la propiedad privada en la costa. Hacer eso habría supuesto un embrollo jurídico de dimensiones impensables y además habría obligado a reiniciar el trámite de deslinde, que ha tardado casi 25 años en estar al 95%. El Gobierno no tenía dinero para volver a deslindar la costa y espera que con los cambios introducidos (exclusión de algunas dunas fósiles) sirvan la mayoría de los trabajos realizados.

La norma puede generar un agravio con quienes ya han perdido su vivienda por la aplicación de la Ley de Costas, gente a la que se le expropió la concesión por muy poco dinero. El Gobierno considera que estos no tienen ninguna posibilidad de recurrir con éxito. Se les aplicó la ley vigente en su momento y remite a quien pagó por una donación antes de que se quitara el impuesto.

Puede que la reforma sea jurídicamente discutible. No solo por las excepciones sino por la parte que otorga al Estado la posibilidad de suspender planes municipales que afecten a la costa. Incluso puede que de llegar al Constitucional el Gobierno pasase un mal rato defendiendo su reforma. Pero no es sencillo que algún partido político recurra la norma, dado lo impopular que sería defender que barrios enteros pasen a dominio público. La realidad se ha impuesto.

Para acceder al artículo original, pincha aquí.

EL DETERIORO DEL LITORAL ANDALUZ ES UN SUICIDIO SOCIAL, UNA PESADILLA

«Noticias y Actualidad»

Miguel Ángel Losada, bilbaíno nacido en Salamanca de 63 años, ingeniero de caminos, catedrático de Costas de la Universidad de Granada y director del Centro Andaluz del Medio Ambiente, es la voz autorizada más contundente contra la sistemática destrucción de la costa española. Hace dos años elaboró, a petición del CSIC, Parques Nacionales y Costas, el informe de base para el deslinde de Doñana aprobado por el Gobierno, que declara como dominio público marítimo-terrestre unas 9.200 hectáreasy expropia 35 kilómetros de costa a la Junta de Andalucía. Su serie Las riberas del mar océano, producida por TVE y que organizó un gran revuelo en medios gubernamentales por sus críticas, sigue pendiente de emisión.

Miguel Ángel Losada, catedrático de Costas de la UGR.
Miguel Ángel Losada, catedrático de Costas de la UGR.

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