Cincuenta mil viviendas vacías hay en la provincia de Granada en manos de inmobiliarias y bancos. Hoy entra en vigor el decreto de la Junta de Andalucía, por el cual esas viviendas pueden ser expropiadas temporalmente con el fin social de facilitar un techo a familias sin un lugar donde vivir. La Junta de Andalucía solo obedece el mandato de la Constitución española, y también del sentido común. Es difícil comprender por qué está pasando lo que pasa en esto. No intuyo que algún banquero se suicide por el hecho de que le expropien temporalmente algunos de los miles de pisos vacías que tiene, y que es así mayormente porque él a su vez se lo ha desahuciado a otra persona. No, definitivamente no creo que se produzca el suicidio, ni tampoco siquiera un atisbo de manifestación a las puertas de esas viviendas vacías y expropiadas en el momento de ser ocupadas por aquellos a quienes se les faciliten por parte del gobierno andaluz. Más bien entiendo que lo que puede ocurrir es que esa manifestación sea suave como un guante, en forma de llamada telefónica, ya sabe que los correos electrónicos son peligrosos, y si no que se lo pregunten a Urdangarín, cuya casa, por cierto, de estar por aquí en lugar de en Barcelona, y de ser desahuciada por la entidad que se la financió, también sería expropiada, pero podría servir para centro de menores en rehabilitación, por ejemplo. Pero no nos perdamos, decíamos que las manifestaciones se pueden producir vía telefónica, obviamente a algunos miembros del gobierno de Rajoy, intentando hacerles comprender que este decreto puede vulnerar el derecho a la propiedad, que, entienden ellos, está por encima del derecho al bien social, aunque la propiedad les haya sido venida por una expropiación que se la ha arrebatado a alguien que ya no tenía más sangre que darles. Y mucho me temo, que esas suaves llamadas y algún comentario suelto, como verso que vuela por los sentidos, tenga más efecto que las cientos de concentraciones que se producen para evitar desahucios, y que Rajoy denuncie ese decreto de la Junta de Andalucía, con lo que automáticamente lo paralizará, por salvaguardar las libertades en nuestro país, esas mismas que están echando a la calle a las familias, que están haciendo mucho más ricos a los que gobiernan los bancos, y que, una vez, un poner, que puedan ser nefastos urdidores para las cuentas, se esperan un Rato, corto, y les dan otro puesto en telefónica, como a la Matilde, pero con más sueldo. El caso es que al final la banca siempre gana, y las políticas sociales quedan para tiempos de bonanzas, que es cuando menos falta hace. Quítele al tigre los colmillos.