El auto de la jueza Alaya está recibiendo tantas críticas que más que un auto parece un artículo periódistico.
Si, por definición, un auto es una resolución razonada, el de la magistrada de los ERE no guarda un parecido razonable con un auto.
La jueza parte de la presunción de que la corrupción anidada en el nido de la Junta no pudo ser obra únicamente de tres supuestos sinvergüenzas. Que, al menos, hubo cómplices que miraron hacia otro lado para evitar presenciar lo que sucedía a la vista de todos. Lo que pasa es que, además de presunciones, Alaya necesita indicios.
La cúpula socialista estaba dispuesta a sacrificar a un puñado de pillos y faranduleros que entre que se bebían un gin tonic y se fumaban un marlboro enchufaban a un compadre en un ERE. Pero eso era hasta que la jueza ha llamado a declarar a Magdalena Álvarez, que aunque no hay pruebas de que se haya beneficiado de ninguna de las comisiones millonarias, cobra 22.000 euros al mes del Banco Europeo de Inversiones; que, de paso, ya sabemos en qué invierte el dinero.
En los once folios y un párrafo de la magistrada figuran 20 imputados, a una media de dos por página. En el PSOE piensan que la imputación ha podido ser selectiva, puesto que de la estructura de la consejería, Alaya ha salvado precisamente a los que en la actualidad son aforados. La jueza no puede llamarlos a declarar y, si diera este paso, tendría que soltar el caso.
Algunas voces en el entorno socialista y de la Junta empiezan a manejar la posibilidad de plantear una recusación a la magistrada Alaya. O incluso la posibilidad de que un aforado pidera declarar voluntariamente.
Puestos a dar espectáculo, que cada cual haga su truco.
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