Hace unos días, C. Sabin publicaba un artículo en Investigación y Ciencia titulado “Los semicultos” en el que exponía que las personas con más formación académica no necesariamente responden con argumentos correctos frente a determinadas cuestiones, aun cuando se les suponga una mayor capacitación o preparación cultural. Su exposición la introducía con la definición de “semiculto” de F. Savater: “pedantes como los sabios, pero ignorantes como los tontos”.
Paradójicamente, ahora que teóricamente la gran mayoría de la población tiene acceso a una formación académica o profesional cualificadas y ello podría implicar un incremento de la cultura de las personas, es cuando más se constata la generalización de la “semicultura” como un rasgo que viene determinado por un incremento de las creencias en fenómenos pseudocientíficos o paranormales, por la aceptación de cualquier información sin contrastar con las fuentes originales y por una mediocre capacidad de análisis de la realidad.
Tener una formación superior no es suficiente para librarse de caer en el espejismo de los misteriosos tratamientos que todo lo sanan, de los clarividentes vaticinios del fin del mundo, de los elixires de la eterna juventud o de los poderes ocultos de santones que adivinan el futuro. Por infortunios de la evolución social (vamos a expresarlo así), la investigación que recoge C. Sabin en su artículo revela que un porcentaje importante de la población analizada con estudios superiores juzga sin tapujos como ciertas este tipo de creencias.
Una de las razones que parece fomentar esta situación es la irremediable realidad de que a todo lo que aparece en internet se le da el carácter de certeza absoluta, máxime cuando contamos con la poderosa herramienta de búsqueda llamada Google. No reparamos en que los resultados de las consultas que hacemos están alineados con nuestros intereses, lo cual deja fuera de juego la posibilidad de cuestionar su validez ya que lo que encontramos nos es útil porque confirma o secunda lo que pensamos o esperamos hallar. Esto, denominado principio de confirmación, invalida otras versiones y nos impide profundizar más, ya que le otorgamos el poder de la razón de la misma manera que, cuando publicamos algo para compartirlo, confiamos que tenga el mismo tratamiento o efecto.
¿Será ésta la razón por la que la administración de D. Trump quiere acabar con la neutralidad de Internet en su país? Permítanme esta pregunta como una boutade ladina, ya que me temo que no será ésta la justificación que han barajado en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos para dar ese terrible paso. En palabras de T. Berners-Lee, creador de la world wide web en 1989, la neutralidad en la red es el principio básico aceptado por el que los proveedores de servicios de Internet (ISP) tratan todo el tráfico que se produce por igual, de tal manera que ello ha significado la consolidación de Internet tal como la conocemos hoy en día, permitiendo que miles de millones de personas construyan negocios, se conecten con amigos y familiares, inicien movimientos sociales y compartan sus ideas libremente.
Lo que la FCC quiere someter a votación es la opción de que las ISP puedan decidir a qué sitios puede acceder un usuario y a qué velocidad se descargará datos en su ordenador o los subirá a cualquier plataforma para compartirlos. Es decir, las ISP tendrán la potestad de determinar qué se silencia y qué se hace público, qué empresas podrán gestionar sus datos en la nube con mayor o menor eficiencia y cuáles tendrán dificultades hasta el punto de perder oportunidades de negocio.
Lo que durante mucho tiempo, sobre todo desde que estas ISP mejoraron su capacidad para procesar la ingente cantidad de información que se mueve por la nube, fue aceptado tácitamente como neutralidad en la red, en 2015 este principio se formalizó mediante una nueva regulación que garantizaba que internet permaneciera abierta y libre para cualquier usuario.
Acotar esta neutralidad apunta hacia un escenario donde será posible que las ISP procedan como guardianes de la red, abriendo y cerrando el paso de la información según criterios propios, o de los poderes que controlan y dirigen en la sombra a sus ejecutivos. Y, por supuesto, hará que los beneficios de estos proveedores crezcan al tiempo que se reducen las libertades de expresión de los usuarios y la igualdad de oportunidades de las empresas. Desde el resto de mundo miramos a USA con cierta displicencia, pensando que es una cuestión interna. Pero no lo es, porque en el caso de que se apruebe la reforma propuesta por los republicanos, en poco tiempo veremos como los lobbies de telecomunicaciones en otros países presionarán para que otras ISP tengan la misma oportunidad para fijar las reglas de navegación en sus países y establecer las tarifas que consideren oportunas para priorizar el tráfico según sus intereses económicos particulares (algo que ya sucede con algunas operadoras que han establecido tarifas diferentes en función de las aplicaciones que ruedan por sus redes).
Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar. Aunque sus voces están siendo silenciadas por el tratamiento prepotente de los legisladores, quienes están tratando a la población como “semi-inculta”.
José Manuel Navarro Llena
@jmnllena
