En el reciente informe Digital 2022, realizado por Hootsuite y We Are Social se exponen algunos datos que son significativos para vislumbrar cuál puede ser el futuro de la industria financiera en general, y de la de pagos en particular, en base a la utilización por parte de los usuarios a nivel global de las redes sociales y de la adopción de tecnologías móviles, así como las principales tendencias digitales en el marco de una economía tensionada por diversas y sucesivas crisis.

Del casi 63% de la población mundial que son usuarios de una conexión a internet, el 71,5% manifiestan pagar de manera recurrente por contenidos digitales y casi el 60% compran todas las semanas en diversos comercios electrónicos. Si tenemos en cuenta que en torno al 60% de la población mundial es usuaria de redes sociales y que el tiempo medio de consumo diario se ha elevado a dos horas y media, las oportunidades que tienen las grandes empresas para llegar con publicidad a sus potenciales clientes se han incrementado exponencialmente, generando un nuevo “mercado social” que requiere de fórmulas seguras y flexibles de pago. A este escenario, se suma el 10% de usuarios de internet que poseen algún tipo de criptomoneda cuyo futuro se está cuestionando en este momento a partir de la deriva de empresas como FTX, y las debilidades que han mostrado estos activos, entre las que destaca su incapacidad para generar flujos de caja, su elevadísima volatilidad y su inadecuación a los sistemas de pago regulados.

La conjunción de los efectos de la pandemia, de la crisis económica cuyo origen está en la política monetaria de los bancos centrales, de la guerra en Ucrania y de la rápida adopción de sistemas y dispositivos digitales por todas las capas sociales, ha provocado cambios culturales en unos casos y consolidación de conductas de relación interpersonal y de uso de los medios electrónicos, en muchos otros, que pronostica un futuro inmediato de grandes retos para los profesionales de marketing de cualquier empresa. La segmentación clásica ya no es válida y la observación de los comportamientos de los usuarios para asignarles un perfil característico deberá tener en cuenta variables, tan imponderables como inciertas, relacionadas con los ajustes emocionales de los ahorradores y de los inversores ante escenarios de incertidumbre y de duda alimentados por la cantidad de información disponible, y mediatizados por los sesgos cognitivos que cada humano utiliza para tomar decisiones económicas.

En entornos de incertidumbre y duda, también surge el miedo y la inseguridad para realizar todo tipo de operaciones “online” en las que medie una transacción económica, debido a que el fraude de diversa naturaleza (“phishing”, “smishing”, “vishing”, “spoofing”) está creciendo al mismo ritmo que la adopción de dispositivos y monederos digitales, y de los métodos alternativos de pago a través de canales electrónicos, virtuales, sociales y, últimamente, en el “criptomercado”. Este hecho queda reflejado en el informe “Global State of Fraude and Identity” de LexisNexis, en el que se apunta que las nuevas fórmulas de pago son igualmente presa del fraude iniciado por humanos y por máquinas. El incremento en el último año fue del 32% en los primeros y del 38% en las segundas, abarcando la estafa desde los pagos sin contacto y con QR hasta la financiación BNPL e, incluso, el robo de criptodivisas y la apertura de cuentas.

Aunque los gobiernos han intervenido con diligencia robusteciendo los requisitos normativos para proteger a los usuarios y prevenir tanto el fraude como el blanqueo de capitales, los protocolos de seguridad no terminan de ser 100% infalibles por dos cuestiones básicas: (1) el perfeccionamiento de los defraudadores para eludir los procesos de salvaguarda más complejos y (2) la ingenuidad o escaso cuidado de algunos usuarios al acceder o confiar en sitios donde no existen las debidas medidas de autenticación reforzada durante la transacción de identificación y pago.

La entrada de nuevos “player financieros” como neobancos, challenger banks, proveedores de servicios de iniciación de pagos (PISP), proveedores de servicios de información de cuentas (AISP), procesadores de soluciones “embebed finance” o de agregación de cuentas, al amparo de las directivas europeas sobre servicios de pago (PSD2) y de protección de datos (RGPD), ha supuesto un reto para la banca convencional que ha tenido que acelerar la adaptación de sus sistemas heredados a un entorno digital más dinámico. También han tenido que cambiar el foco de su actividad en los productos y servicios a situar en el centro de su estrategia a los clientes, quienes demandan soluciones individualizadas que les proporcionen mayor libertad de elección y una tramitación más fluida, segura y transparente.

A la substanciación de estos cambios se le ha llamado Open Finance, modelo en el que se ha avanzado mucho hacia la desintermediación de servicios básicos, aunque la estricta regulación impide llegar al modelo de finanzas descentralizadas (DeFi) reales a la que muchos ciudadanos aspiran. La muestra de ello es la creación de una economía paralela dominada por los criptoactivos, en la que la ausencia de regulación parecía estar compensada por la fortaleza de la tecnología y la voluntad de sus usuarios, pero el tiempo ha demostrado que las carencias de la primera (excesivo consumo de energía, debilidades en la protección de las claves personales, ralentización de los procesos de intercambio, inoperatividad en la industria de pagos, etc.) y la elevada volatilidad de sus posiciones debido a la dependencia emocional de los inversores (FUD -miedo, incertidumbre y duda) cuya conducta es una réplica de la que se produce en el mercado de valores convencional, han construido un ecosistema actualmente cuestionado por las dramáticas caídas de valor de algunas criptomonedas, la quiebra de algunos exchanges y el cuestionamiento de otros.

No obstante, en el tránsito por el “criptoinvierno” aún existe la esperanza de algunos inversores de frenar la estrepitosa caída de los criptoactivos mediante acciones de compra masiva y, más eficaz, de impulso de las funcionalidades más demandadas por los usuarios. Entre éstas hay que destacar los pagos con criptodivisas en comercio electrónico y físico (como los que intenta promover Coinbase), las transacciones entre empresas para reducir a segundos las transferencias transfronterizas (como las que ofrece Syro), la compra de NFT’s como las que se gestionan en la plataforma de BitPay, los pagos P2P dentro del nuevo ecosistema web3 (como los ofrecidos por DePay), o el pago de remesas (como la pasarela de TripleA).

Siendo consciente del alcance, riesgos y oportunidades que están poniendo sobre la mesa los defensores de la “criptoeconomía”, los bancos centrales se han puesto de objetivo urgente la emisión de su propia criptodivisa y la inaplazable regulación de las empresas que custodian, intercambian y dan servicio de soporte y procesamiento a las actuales criptomonedas, al menos a las más sólidas. Otra cuestión será la legalización de estas, ya que supondría el reconocimiento de su validez (hasta la fecha frenado por el sector financiero más convencional) y, sobre todo, iniciar ajustes y cambios operativos de elevado riesgo para que sean admitidas en los esquemas y estándares de todos los procesadores actualmente autorizados, además de reforzar los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales.

En el caso de la Unión Europea, la creación de un marco jurídico a través del Reglamento MiCA, es un primer paso para unificar la definición de un criptoactivo como “una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado u otra similar”. También para diferenciar los diferentes tipos que deben quedar regulados: “utility tokens” (necesarios para acceder a un bien o servicio digital), “tokens estables” (ficha referenciada a un activo estable y de curso legal) y “tokens de intercambio” (fichas de dinero electrónico para ser usadas como medio de pago o de intercambio de otros tokens, con un valor estable y referenciado a una moneda fiat de curso legal). Y, por supuesto, para preparar la creación del euro digital que conviva con el dinero físico y el bancario, y que frene la actividad de las criptomonedas actuales.

Frente a los aparentes beneficios que podría aportar el euro digital, como reforzar el crecimiento económico de la eurozona, ampliar las opciones de pago de los ciudadanos, equilibrar la evolución de la moneda respecto de los avances de la tecnología o prevenir posibles ataques contra la estabilidad financiera si el “criptomercado” se consolidara como una alternativa real y seria, es necesario tener en cuenta otras cuestiones que le hacen perder atractivo. Entre éstas hay que considerar la pérdida de privacidad y de anonimato que tendrían sus usuarios, ya que el banco central podría no solo fiscalizar el saldo y las operaciones de cada uno, sino que también podría establecer límites de uso, asignar criterios de fungibilidad o de valoración para estabilizar la inflación o crear métodos de vigilancia de la conducta de consumo.

No son cuestiones baladíes, por lo que el BCE creó un grupo de investigación para resolver estas cuestiones de cara a evitar posibles consecuencias negativas para el sector y para los ciudadanos, y para limitar la utilización del euro digital como medio de pago, no como alternativa de inversión ni especulación. Adicionalmente, ha puesto en marcha la creación de un prototipo de moneda digital (CBDC minorista) en el que intervienen cinco entidades para el desarrollo del modelo de datos, transaccional y de servicios de plataforma, con el que pretende probar su viabilidad como medio de pago (online y offline) y la usabilidad de las aplicaciones que soporten su operatoria.

Por su parte el Banco de España ha convocado a las entidades y empresas tecnológicas nacionales para participar en un experimento parecido al iniciado por el BCE, aunque en el marco de una moneda digital mayorista, para evaluar el potencial real que ofrecen estas criptodivisas en base a la tecnología actual y a la esperada evolución para dar respuesta a su funcionalidad como activo de liquidación seguro para la operativa que sucede en los sistemas de compensación y liquidación de alto importe entre entidades, y entre éstas y el banco central.

En la construcción de la estructura que soportará la creación de la CBDC europea por los bancos centrales, quienes pueden aportar un valor especial son las entidades de dinero electrónico cuya legislación ya las habilita para ser las mejores candidatas para asumir el rol que ostentan en la actualidad los exchanges centralizados (CEX), pero con las garantías y regulación que les permita gestionar y distribuir CBDC’s mayoristas y minoristas dentro de esquema bancario europeo.

Las EDE, al contar con licencia bancaria para emitir, distribuir y reembolsar dinero electrónico (además de otras actividades relacionadas con los servicios de custodia y movimiento de fondos entre cuentas, de pagos, de información, de gestión de instrumentos de pago, etc.), están más que suficientemente preparadas tecnológicamente para adoptar el papel de gestoras de CBDC ya que muchas de ellas, además, han avanzado en el desarrollo de sus plataformas y procesadores mediante la tecnología blockchain, tokenizando sus transacciones y generando “smart contract” como modelo operativo avanzado. Por otro lado, los procesos de onboarding (identificación y autenticación) de clientes ya los han perfeccionado para hacerlos sin presencia física, la custodia de las claves de usuario también la ostentan como proveedores de monederos electrónicos seguros, ya aplican estrictas medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuentan con servicios de defensa del cliente auditados por los órganos reguladores y, finalmente, garantizan el 100% de los depósitos de cada cliente (a diferencia de la banca convencional, que solo puede garantizar lo estipulado en cada momento por el Fondo de Garantía de Depósitos).

Las EDE pueden asumir el papel que el BCE precisa realicen las entidades financieras para lanzar su prototipo de CBDC minorista en el primer trimestre de 2023, garantizando la privacidad de los clientes y el anonimato de las transacciones, proveyendo de coherencia al modelo de gestión del dinero digital dentro del esquema bancario europeo (ya lo hacen para el dinero electrónico), garantizando la inviolabilidad de las operaciones mediante procesos de autenticación reforzada y de registro inalterable, cohesionando los sistemas de la industria de pagos compatibilizando el uso de dinero digital y electrónico mediante billeteras inteligentes… En definitiva, intermediando en la relación de las CBDC con los usuarios sin que haya discrepancias con los sistemas tradicionales.

José Manuel Navarro Llena

CMO MOMO Group

Articulo publicado en IT Digital Magazine de ITUser, nº 1, páginas 73-77

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