Me pasan un ‘guasas’ en el que se afirma que cerca de 7.000 andaluces tuvieron que renunciar a sus herencias en 2016 por no poder pagar el impuesto de sucesión en nuestra Comunidad. Yo suelo poner en cuarentena estos datos, que la mayoría de las veces suelen ser manipulados interesadamente. Pero no es menos cierto de que se trata de un tributo gestionado a capricho por las comunidades autónomas. Valga de ejemplo que Andalucía tiene un gravamen muy elevado y Madrid es la comunidad con la tributación más reducida de España. Sí existe un dato, que fue hecho público por el Consejo General del Notariado, en el que estima que con la crisis económica se han triplicado las renuncias a herencias. Es decir que se trata de las tributaciones más impopulares para la gran mayoría.

A ello se acoge el presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ha reiterado esta semana suprimir dicho impuesto por ley y el Gobierno no admite la proposición –aunque al parecer la está estudiando– hasta conocer el techo de gasto y el dinero a cuenta que el Gobierno central entregará a las comunidades para el presupuesto de 2018. La petición del líder de los populares es muy loable pero creo que inviable, desde un punto de vista legal, porque dicho impuesto tiene carácter estatal aunque su cesión y gestión la lleven a cabo las comunidades autónomas. Eso sí, a su libre albedrío.

De hecho hace unos meses, Rajoy, que como jefe del Gobierno y presidente del Partido Popular sufre el desgaste político en las comunidades donde tienen responsabilidad de gobierno, abrió una puerta –que al parecer pasó inadvertida para muchos– de crear una Comisión de Autonomía, Fiscalidad e Impuestos de Sucesiones cuyo objetivo esencial es la reducción o supresión del tributo estatal. Es más, también en su día se pronunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminando que el citado impuesto grava a los extranjeros no residentes en caso de heredar un bien en España. Queda meridianamente claro que al tributo le queda corto periodo de vida. Lo suyo, más que hacerle la cirugía estética, sería un entierro digno por decreto ley.

La verdad es que el impuesto de sucesiones y donaciones es un tributo injusto y absurdo porque el occiso ya pagó, en vida, lo que no hay en los escritos y parece razonablemente lógico que sus legítimos herederos disfruten de un bien que simboliza el trabajo, el ahorro, el esfuerzo, la conservación y mantenimiento de un patrimonio a favor de su familia. No caben las medias tintas. Ese quiero y no puedo del PSOE y Ciudadanos en Andalucía de tímida rebaja de porcentajes, no les va a dar más votos a ninguna de las dos formaciones. Pero sí deberían considerar, seriamente, poner al límite del cero el contador del maldito tributo, como en otras comunidades, hasta que llegue el finiquito deseable que deberá oficiar, para bien de la comunidad española heredera, el sumo hacedor, Mariano Rajoy.

No tengo ni idea del número de granadinos con dificultades económicas que este año heredarán y qué piruetas deberán realizar para no verse obligados, por insolvencia, a rehusar del bien. Antes heredar, y más si era de un tío de América que no conocías, era una suerte de lotería que te alegraba la vida y hoy una herencia puede ser un regalo envenenado que te lleve a la más triste depresión. Personalmente no he sufrido el que, pienso, injusto afán recaudatorio porque no he tenido ningún tío en América y de mis padres heredé la tensión y el colesterol altos, un derrumbe capilar severo, una educación y una manera de ser. Pero esos legados son impagables. Herencias tengas…