Bien está lo que bien termina.
Vaya por delante mi felicitación al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, personificado en los concejales Juan García Montero y Fernando Egea, al haber logrado solucionar el problema generado al trasladar el centro de servicios sociales del Albaicín desde el centro cívico de la plaza de Aliatar hasta el edificio de usos múltiples que, compartido con los artesanos, se encuentra en el callejón del Gallo al que se accede desde San Miguel Bajo.
Ayer anunciaron que se traslada, de nuevo, esta vez a la carretera de Murcia, a las escuelas del Ave María, un edificio que se ha adaptado con el visto bueno de los técnicos de la Junta de Andalucía, que está en una zona accesible para todos los habitantes del distrito Albaicín, que se compone además por Sacromonte, Haza Grande y El Fargue. Y que cuenta con una parada de autobús con tres líneas en su misma puerta.
Los vecinos, reunidos en la junta municipal de distrito que ayer por la tarde se celebró en la sede vecinal de Haza Grande, coincidieron en que era un acierto completo.
El problema que queda por el camino es el de los dineros y el de una población que ha estado mal atendida durante demasiado tiempo pese a las continuas protestas vecinales y las críticas de la oposición.
Todo empezó en marzo de 2011, es decir, tres años completos hasta que esta primavera esté terminado el traslado a la carretera de Murcia, como informaron ayer los concejales del Partido Popular. Demasiado tiempo para algo tan sensible y delicado como es la atención a las personas que requieren los servicios sociales municipales.
Las protestas ocurridas en marzo de 2011 cuando se conoció la noticia del traslado de los servicios sociales desde la céntrica plaza de Aliatar, estaban en el centro cívico, al edificio del callejón del Gallo en el entorno de San Miguel Bajo, fue un jarro de agua fría para una población de un distrito histórico, complicado y con accesos difíciles. En Aliatar hay autobús y carretera y en el callejón del Gallo no hay, simplemente, nada.
El aterrizaje forzoso de los servicios sociales en el edificio del Gallo se convirtió en un rosario de quejas, protestas y críticas que arreciaron por todos los lados.
En noviembre de 2013 publicamos un resumen de la década de chapuzas en el centro social El Gallo, que acumula hasta la denuncia efectuada por la Junta de Andalucía por ni siquiera tener licencia de actividad.
En efecto, se informaba entonces, en abril del año 2012, que el centro comunitario de servicios sociales del Albaicín «no tiene autorización de funcionamiento». La ‘sentencia’ la firma la Junta de Andalucía con la forma de un informe realizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, cuya Inspección de Servicios Sociales tiene competencias para comprobar la aplicación de la normativa legal.
Hay más. La inspección realizada durante el mes de febrero y el acta de inspección, con firma de 12 de marzo del presente año, comprueba que «no existe reglamento de régimen interior», «no consta en el tablón de anuncios toda la documentación exigida», «no existe manual de autoprotección o no está implantado» o «no se cumple el decreto de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas».
Al final queda que el Ayuntamiento de Granada tendrá que pagar por la nueva sede en las escuelas del Ave María de la carretera de Murcia una renta de 3.000 euros al mes, lo que suman 36.000 euros al año, más las obras de adaptación del edificio, que anuncian que no son demasiado complicadas, pero que a preguntas del PSOE y de IU, no responden cuánto van a costar.
Queda para la pequeña historia local el tanto que se apuntan Fernando Egeo y Juan García Montero, concejales del Partido Popular, al haber solucionado este problema. Y queda en el debe de la gestión un traslado de unos servicios sociales que en tres años tendrán tres sedes diferentes -plaza de Aliatar, callejón del Gallo y carretera de Murcia-, para terminar costando a las arcas municipales, esto es, el bolsillo de los granadinos, 36.000 euros al año.
